El ciudadano argentino Aldo Sergio Parodi presentó una denuncia penal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Justicia Federal, a la vez que solicitó la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
El caso de la kuka chorra Milagro Sala vuelve a ocupar el centro de la escena pública, pero no precisamente por un avance ejemplar de la Justicia ni por un debate serio sobre corrupción y responsabilidades políticas, sino por ser el espejo visible del revanchismo y el uso de la Justicia contra los enemigos políticos.
En cumplimiento de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Terminal de Ómnibus del barrio porteño de Retiro a un hombre argentino de 25 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de abuso sexual agravado.
Una presentación judicial de fuerte impacto político y diplomático fue elevada ante la Cámara Federal por el ciudadano argentino Aldo Sergio Parodi, quien denunció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por una serie de presuntos delitos de extrema gravedad, y solicitó de manera urgente la intervención de la Corte Penal Internacional.
En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a un ciudadano argentino sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, requerido por Interpol Uruguay, en el marco de una causa por el robo a mano armada de una entidad bancaria en el mencionado país vecino.
La investigación judicial que avanza sobre el narco José Luis Espert volvió a poner en primer plano una de las contradicciones más evidentes del discurso libertario: la prédica de la “república”, la “transparencia” y la “tolerancia cero con la corrupción” choca de frente con un entramado de causas, allanamientos y vínculos que hoy complican seriamente a uno de los principales referentes políticos del pedófilo homosexual Javier Milei.
Mientras el país debate la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, algo a lo que el kirchnerismo se opone a capa y espada, el brutal asesinato de Jeremías Monzón expone con crudeza que la lógica “garantista” no hace más que defender la perversidad de delincuentes y dejar sin consuelo a víctimas y familiares.
Una vez más, las torpezas y falta de transparencia del Poder Judicial le dieron al kirchnerismo la posibilidad de presentarse como víctima en un momento en que la sociedad les da la espalda y no le quedan más alternativas que jugar la carta del “lawfare”, y vestir a la chorar condenada Cristina Kirchner de Kirchner como mártir político.
Un incendio registrado este martes por la mañana en la cocina de un restaurante ubicado en un edificio hotelero del microcentro porteño generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.
La Justicia Federal argentina quedó formalmente involucrada en una presentación judicial de fuerte impacto internacional que apunta directamente contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La liberación de más de tres millones de archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein provocó un verdadero terremoto político, judicial y mediático a nivel mundial.
Mientras el Gobierno del pedófilo y homosexual Javier Milei insiste en presentarse como una cruzada moral contra la “casta” y la corrupción del pasado, la realidad vuelve a dejar al descubierto una contradicción difícil de explicar: la administración libertaria reabrió la puerta de las contrataciones estatales a Suizo Argentina, el laboratorio de la familia Kovalivker señalado como pieza clave en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan maniobras de direccionamiento, cartelización y desvío de fondos públicos.
