En línea con la política de orden en el espacio público, la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante la revisión de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad. Esto permitió identificar y remover lugares que tenían irregularidades o falta de actualización, con el fin de asegurar que los lugares sean usados de manera legítima.
El Gobierno porteño clausuró un corralón ilegal que abastecía a las construcciones dentro de la Villa 31: tres personas fueron detenidas. El lugar era utilizado para el fraccionamiento y la distribución clandestina de materiales de construcción hacia el interior del barrio durante la noche y fue cerrado en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Gubernamental de Control.