Política
Exclusivo de NOVA

Nadie es libertario gratis: el meteórico salto patrimonial de Juan Pablo Carreira con un crédito de la banca pública

Juan Pablo Carreira, el troll clase media que terminó siendo un funcionario con propiedades. (Imagen: GROK - IA)
Declaración Jurada presentada al inicio de su gestión.
Declaración Jurada presentada al inicio de su gestión.
Registro consultado sobre la calle Pacheco De Melo al 2500.
Registro consultado sobre la calle Pacheco De Melo al 2500.
Página cuatro del Informe al que NOVA tuvo acceso.
Página cuatro del Informe al que NOVA tuvo acceso.
Página cinco del Informe al que NOVA tuvo acceso.
Página cinco del Informe al que NOVA tuvo acceso.

La evolución patrimonial de los funcionarios públicos vuelve al centro de la escena, encendiendo las alarmas sobre la consistencia entre los discursos de austeridad estatal y los beneficios individuales en la gestión pública. Una profunda investigación que cruza los datos de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 2024 de Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital, con los registros recientes del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), revela una adquisición inmobiliaria y compromisos financieros que vinculan directamente al funcionario y a su cónyuge, Malena Di Bella, con los polémicos créditos de la banca pública.

De una herencia de 10 millones a una compra en dólares

La trayectoria de los bienes de Carreira muestra un crecimiento exponencial desde su desembarco en la gestión pública. Al asumir su cargo en abril de 2024, su declaración inicial ante la Oficina Anticorrupción (OA) era sumamente austera: consignaba únicamente el 50 por ciento de un departamento de 78 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibido el 28 de diciembre de 2022 mediante "Herencia/Donación", con una valuación fiscal de apenas 10.037.500 pesos.

Sin embargo, los folios oficiales del RPI exponen una realidad radicalmente distinta apenas un año después del inicio de su gestión. Tras el acceso a los créditos del Banco Nación —una línea que se encuentra bajo la lupa del Juzgado Federal, a cargo del juez Ariel Lijo—, el funcionario consolidó su presencia en el sector más exclusivo de la Capital Federal, sumando una segunda propiedad a la que ya registraba sobre la calle Anchorena al 1700:

  • La nueva adquisición (Diciembre 2025): mientras su declaración de 2024 reflejaba un patrimonio modesto, los folios de la matrícula 19-2557, Unidad Funcional 57, confirman que el 3 de diciembre de 2025, Carreira y Malena Di Bella adquirieron la titularidad total (50 por ciento cada uno, bajo régimen conyugal) de un nuevo inmueble en la calle José A. Pacheco de Melo al 2500, en pleno corazón de Recoleta.

  • El valor de mercado: La operación se realizó por un monto cerrado de 130 mil dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los valores pesificados de su declaración inicial y que marca el ingreso de un nuevo activo de alto valor en dólares a su patrimonio compartido.

  • El financiamiento del Banco Nación: Esta compra no se realizó con ahorros previos declarados. De acuerdo con el Asiento 2 de los registros registrales, el motor financiero fue una hipoteca en primer grado por 109.891.806,41 pesos otorgada a favor del Banco de la Nación Argentina (BNA). Es decir, el funcionario utilizó un crédito de la banca pública para saltar de una porción heredada en pesos a una propiedad en Recoleta.

El rol del Banco Nación: una hipoteca de 100 millones bajo sospecha

El punto más crítico de la documentación es la simultaneidad de las operaciones. El 3 de diciembre de 2025, en la misma jornada en que se celebró la escritura de compraventa ante el escribano titular del Registro Nro. 704, Bernardo Calandra Demolitsas, se inscribió la hipoteca a favor del BNA bajo el marco de la Ley 21.799 (Carta Orgánica de la entidad).

Cabe destacar que esta adjudicación se produjo en medio de fuertes versiones periodísticas que indicaban que la conducción del Banco Nación habría eliminado restricciones técnicas específicas para permitir que funcionarios públicos de la actual gestión accedieran a créditos hipotecarios, incluso tratándose de segundas o terceras viviendas. Aunque la entidad utilizó recientemente la red social X para desmentir la existencia de regímenes de privilegio, la celeridad del trámite, la intervención del escribano Calandra Demolitsas, y el acceso efectivo a un financiamiento de nueve cifras para un integrante de la estructura del Poder Ejecutivo nacional alimentan las sospechas de un trato preferencial en los pasillos de los tribunales de Ariel Lijo.

Inconsistencias, gastos y el "búnker" de Balcarce

A este complejo panorama inmobiliario se suma una dinámica de gastos y movimientos que no parece coincidir con los ingresos proyectados para un funcionario de su jerarquía dentro de la administración central. Fuentes cercanas y registros de actividad sitúan a Carreira manteniendo una agenda de reuniones políticas paralela fuera del ámbito estrictamente institucional. Según confirmaron testigos de estos encuentros a NOVA, es habitual ver al director encabezando tertulias políticas en la sucursal de Café Martínez ubicada en la calle Balcarce, a escasos metros de las oficinas centrales del PRO y de la propia Casa Rosada.

Por otra parte, la situación financiera de su cónyuge, Malena Di Bella, añade mayor controversia al caso. Reportes comerciales e informes bancarios indican que sus consumos en tarjetas de crédito se habrían disparado en perfecta sintonía con la adquisición del inmueble en Recoleta. En los meses previos y posteriores a la firma de la hipoteca ante el escribano Calandra Demolitsas, y durante el inicio de 2026, los gastos plásticos de la pareja habrían superado con holgura los 25.000.000 de pesos mensuales. En enero de 2026, el pico de gasto habría alcanzado el impactante piso de 27 millones.

Estas cifras resultan extraordinariamente difíciles de conciliar con la capacidad de ahorro y el perfil de ingresos de un funcionario de rango medio y su pareja, quienes además cargan con un crédito hipotecario tomado a 30 años con la banca pública. La investigación penal que tramita en los tribunales federales deberá determinar si los números de la pareja cierran o si, efectivamente, en el relato oficial del ajuste, nadie es libertario gratis.

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