VIDEO | Pichetto cuestionó la ley de lobby y advirtió que el Ejecutivo no puede controlarse a sí mismo
El debate sobre la denominada ley de lobby, presentada oficialmente como régimen de gestión de intereses, sumó nuevas críticas durante su tratamiento en comisión. El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó que la iniciativa debería haberse discutido hace años y sostuvo que la falta de regulación favoreció decisiones sensibles vinculadas a concesiones y operaciones del Estado.
Durante una entrevista, el legislador remarcó que resulta necesario transparentar la relación entre funcionarios y grupos de interés. En ese sentido, mencionó la importancia de conocer quiénes intervienen detrás de concesiones en el sector energético y de las ventas de inmuebles estatales, operaciones que consideró especialmente relevantes por su impacto económico.
Pichetto recordó además que presentó un proyecto similar en 2004 junto al entonces senador Jorge Yoma. Según señaló, aquella propuesta nunca avanzó por falta de voluntad política, pese a que buscaba establecer mecanismos de control sobre la actividad de lobby.
Uno de los principales cuestionamientos del diputado apunta a la autoridad de aplicación prevista en la iniciativa oficial. A su entender, no es razonable que el organismo encargado de controlar la actividad dependa del mismo Poder Ejecutivo que debe ser supervisado. "No puede haber control sobre la actividad del lobby si el propio que debe ser controlado es a su vez el controlante", afirmó.
El legislador también reclamó que la ley utilice directamente el término "lobby" y planteó la necesidad de que los lobbystas estén inscriptos en un registro específico, sean considerados personas políticamente expuestas y presenten declaraciones juradas periódicas.
Además, sostuvo que quienes desarrollan esta actividad deberían estar sujetos a exigencias similares a las de un funcionario público. Según explicó, su proyecto contempla sanciones vinculadas a figuras ya previstas en el Código Penal, como el cohecho o la defraudación, con penas más severas que las incluidas en la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.








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