Durante una exposición en la que defendió los cambios introducidos en la Inspección General de Justicia (IGJ), Sturzenegger celebró la eliminación de múltiples regulaciones y sostuvo que la simplificación administrativa permitirá mejorar la competitividad y la eficiencia estatal. El funcionario presentó la reducción de controles como una herramienta para facilitar inversiones y acelerar la actividad económica.

Sin embargo, las palabras del ministro contrastan con una realidad política cada vez más incómoda para el oficialismo. Mientras Sturzenegger habla de convertir a la Argentina en una suerte de Dinamarca sudamericana, el Gobierno enfrenta una sucesión de investigaciones y denuncias que ponen en duda precisamente la calidad institucional y los mecanismos de transparencia que caracterizan al país escandinavo.

Uno de los casos más resonantes es el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Diversas investigaciones judiciales y parlamentarias avanzaron sobre la participación del presidemente Javier Milei y miembros de su entorno en la promoción del activo digital que terminó desplomándose y provocando pérdidas millonarias para miles de inversores. Una comisión investigadora del Congreso concluyó que Milei utilizó su investidura presidencial para promocionar el proyecto y recomendó evaluar posibles responsabilidades políticas. Además, peritajes y documentos incorporados a la causa continúan revelando contactos entre actores clave del esquema y el entorno presidencial.

A esto se suma la situación del jefe de Gabinete, Manuel “Aloe Vera” Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias. La causa se inició tras detectarse inconsistencias entre sus declaraciones patrimoniales y bienes que le son atribuidos. El caso tomó una dimensión internacional cuando el propio Fondo Monetario Internacional incluyó observaciones sobre los retrasos en la publicación de declaraciones juradas de funcionarios argentinos y reclamó fortalecer los mecanismos anticorrupción.

Otro foco de controversia es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde distintas investigaciones judiciales analizan presuntas maniobras irregulares en contrataciones y compras de insumos médicos. Según actuaciones fiscales, las sospechas incluyen posibles circuitos de retornos y perjuicios económicos para programas destinados a personas con discapacidad.

Los cuestionamientos no provienen únicamente de la oposición. Incluso organismos internacionales y sectores empresariales han advertido sobre la necesidad de reforzar los controles institucionales en un contexto donde el Gobierno apuesta a una fuerte desregulación estatal. El propio FMI señaló recientemente que la Argentina enfrenta desafíos en materia de transparencia, conflictos de interés y funcionamiento de los organismos encargados de prevenir la corrupción.

En ese escenario, la promesa de Sturzenegger de transformar al país en Dinamarca parece chocar contra una sucesión de escándalos que mantienen ocupados a jueces, fiscales y organismos de control. Mientras el ministro celebra la eliminación de trámites y regulaciones, crecen las preguntas sobre quién controla a quienes administran el Estado.

Porque si algo distingue a Dinamarca no es precisamente la ausencia de controles, sino la fortaleza de sus instituciones, la transparencia en la función pública y los bajos niveles de corrupción. Tres características que, a juzgar por los problemas que rodean actualmente a la administración libertaria, todavía parecen bastante más lejanas que “unos meses”.