Peretta remarcó que el gremio presentó un amparo contra el Decreto 70/23 —impulsado por el Ejecutivo— y que actualmente la habilitación de este tipo de ventas se encuentra frenada a la espera de una definición judicial. Aun así, denunció que grandes plataformas continúan operando. “Hacen lo que quieren”, afirmó, al apuntar contra el empresario Marcos Galperín y el ministro Federico Sturzenegger, a quienes vinculó con la expansión de este canal de comercialización.

Los datos respaldan la preocupación. Según relevamientos del SAFYB, medicamentos bajo receta como la semaglutida (Ozempic), utilizada para diabetes y pérdida de peso, registran niveles significativos de ventas online, con un 33 por ciento del total comercializado por esta vía y una facturación que supera los 46.800 millones de pesos mensuales (ver cuadro 2) .

El fenómeno no se limita a un solo producto. Fármacos de uso masivo como enalapril, amoxicilina o metformina también presentan porcentajes relevantes de venta digital, consolidando un circuito paralelo que, además de irregular, mueve cifras millonarias dentro del negocio farmacéutico (ver cuadro 2) .

A este escenario se suma otro problema estructural: el precio de los medicamentos crece muy por encima de la inflación y los salarios. Entre 2021 y 2024, los fármacos recetados acumularon subas de hasta 260 porcentual, mientras que los de venta libre alcanzaron el 340 por ciento, superando ampliamente la evolución del poder adquisitivo (ver cuadro 1) .

La tendencia se confirma en casos concretos. Medicamentos de uso cotidiano como Amoxidal, Ibupirac o Rivotril registraron aumentos de entre 218 y 300 por ciento en menos de dos años, consolidando un esquema de precios cada vez más inaccesible para la población (ver cuadro 1) .

Para Peretta, el problema no es solo económico, sino también sanitario. La combinación de precios elevados y canales de venta irregulares genera un doble riesgo: por un lado, dificulta el acceso a tratamientos; por otro, expone a los pacientes a comprar medicamentos fuera de los circuitos controlados.

“El paciente llega a la farmacia, pregunta el precio y se va con las manos vacías”, advierten desde el sindicato, señalando además que el encarecimiento de los fármacos ya impacta en la continuidad de los tratamientos.

En este contexto, la política de desregulación del Gobierno queda bajo cuestionamiento. Lejos de fomentar la competencia y bajar precios, los datos muestran un mercado concentrado, con aumentos sostenidos y nuevas formas de comercialización que bordean —o directamente violan— la normativa vigente.

La denuncia abre un interrogante mayor: si el Estado pierde capacidad de control en un área tan sensible como la salud, el costo no solo se mide en pesos, sino también en riesgos concretos para la población.