VIDEO | ¡Apa la papa! ¿Existen los bolsos de Karina?: la gravísima denuncia de una diputada nacional contra la tarotista
La diputada Marcela Pagano volvió a sacudir al oficialismo con acusaciones directas contra el círculo más cercano al poder. Señaló que Manuel Adorni sería “el cajero de Karina Milei” y deslizó que habría percibido tres millones de dólares vinculados a la fallida criptomoneda LIBRA, promocionada por el propio presidemente Javier Milei.
“Hay una cifra dando vuelta”, advirtió la legisladora mientras hacía el gesto del número tres con la mano. Ante la consulta, aclaró que no se trataba de un porcentaje sino de “millones por una operación en una wallet”.
"Adorni es el CAJERO de Karina y Lanari es el VOCERO de Adorni. La mujer de Adorni también está involucrada, con su consultora de coaching ontológico, cobraba guita por realizar EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN"
— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) May 6, 2026
Pagano está decidida a ventilar TODO lo que sabe sobre estos DELINCUENTES pic.twitter.com/IeYPeYaCTQ
También pidió investigar movimientos de dinero y mencionó que el funcionario tendría una cuenta en la plataforma Lemon.
Las declaraciones no quedaron aisladas. En sectores del propio Gobierno circula la versión de que los hermanos Milei sostienen a Adorni por su nivel de involucramiento en la trama de Libra. El entonces vocero participó del Tech Forum 2024, evento donde se gestó el lanzamiento de la criptomoneda, y figuraba como protagonista de la edición 2025 que no llegó a realizarse.
Pagano, que ya llevó estas acusaciones ante la Justicia federal, también apuntó contra el secretario de Comunicación, Javier Lanari. “Lanari es el bolsero de Adorni”, afirmó, y agregó que era quien “iba y venía recolectando” dinero, incluso en el marco de reuniones que, según denunció, se cobraban y no se registraban oficialmente.
“Para reunirte con Adorni tenías que poner plata”, sostuvo. Además, cuestionó los viajes frecuentes del funcionario a Misiones y puso en duda su financiamiento.
A esto se suman versiones internas que lo vinculan con designaciones de familiares en organismos públicos, alimentando sospechas sobre prácticas que el propio Gobierno prometía erradicar.








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