Lejos de tratarse de un presupuesto en sentido estricto, el informe consolida cifras ya vigentes y aclara explícitamente que su aprobación no implica modificar los números de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas públicas ni los fondos fiduciarios. En los hechos, se trata de una radiografía contable del Estado que llega a posteriori, más como herramienta de exposición que como instrumento de planificación con control político efectivo.

Según los datos oficiales, los recursos totales del sector público alcanzarían los 161,6 billones de pesos en 2026, equivalentes al 15,6 por ciento del PBI, mientras que los gastos se ubicarían en 158,5 billones de pesos (15,2 por ciento del producto).

Sobre esa base, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 3 billones de pesos, apenas el 0,3 por ciento del PBI, y un resultado primario cercano al 1,5 por ciento. Sin embargo, detrás de estas cifras aparece una de las principales críticas de economistas y especialistas: el énfasis casi excluyente en el equilibrio fiscal como objetivo central, sin un correlato claro en términos de crecimiento, inversión productiva o mejora del ingreso.

El Presupuesto Consolidado también incorpora datos sobre empleo público, inversión estatal y producción de bienes y servicios, aunque sin detallar con precisión el impacto social de los recortes o reasignaciones que permitieron alcanzar las metas fiscales.

Además, el hecho de que el documento sea enviado al Congreso solo “para dar cuenta”, en línea con la Ley 24.156, refuerza la lógica de concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo.

En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei ha priorizado el ajuste del gasto público como eje de su programa económico, la falta de discusión parlamentaria sobre el presupuesto vuelve a abrir interrogantes sobre la transparencia, la calidad institucional y el equilibrio de poderes.

En definitiva, el Presupuesto Consolidado 2026 expone las cuentas del Estado bajo la lógica del orden fiscal, pero deja en segundo plano el debate sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y las consecuencias sociales de la política económica actual.