El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el Estado ya cumplió con las transferencias establecidas en el Presupuesto y cuestionó con dureza la advertencia de los hospitales universitarios, que alertaron sobre una posible paralización en un plazo cercano a 45 días por falta de fondos.

Según el funcionario, el planteo de la UBA es “muy grave” y responde a una estrategia para presionar al Ejecutivo en el marco de la movilización prevista para el próximo 12 de mayo. En esa línea, acusó a la conducción universitaria de utilizar el temor vinculado a la atención médica para forzar una asignación de recursos que, según su visión, “no corresponde”.

Las declaraciones se producen mientras crece la preocupación en el ámbito académico y sanitario. Desde la universidad aseguran que aún no fueron girados los fondos correspondientes a una partida clave para el funcionamiento de hospitales, lo que comprometería la continuidad de servicios esenciales.

En paralelo, Álvarez también puso en duda la legitimidad del reclamo al vincularlo con el calendario electoral interno de la UBA y cuestionó el rol de sus autoridades, en particular del vicerrector Emiliano Yacobitti, a quien señaló como figura central en la conducción política del conflicto.

Además, el funcionario deslizó una propuesta que generó polémica: sugirió que, si existen dificultades administrativas, la universidad podría transferir la gestión de sus hospitales al ámbito estatal nacional o de la Ciudad.

Mientras tanto, la convocatoria a la “Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional” sigue en pie y promete ser un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, en medio de un escenario marcado por reclamos salariales y presupuestarios que aún no encuentran respuesta.