El testigo en cuestión, Leandro Miano, confirmó la información que ya había dado previamente el hijo de la otra jubilada involucrada en el esquema y complicó todavía más al "bobocero": efectivamente, además del préstamo, la operación incluyó un pago adicional de 65 mil dólares en negro, por fuera de la escritura.

Este acuerdo "de palabra" era, según Miano, todavía no habría sido cancelado, por lo que se suma a la catarata de deudas que acumula el therian Pavorni. Con esta declaración, la Justicia práctiamente logró comprobar que existieron pagos no registrados y acuerdos paralelos por fuera de la escritura formal.

Pero el problema para Manuel Adorni no es solo judicial: es político. La imagen de un alto funcionario financiando propiedades mediante mecanismos informales —y con actores vulnerables como jubiladas— golpea directamente el discurso de transparencia que el propio Gobierno intenta sostener.

A esto se suma otro elemento inquietante: la investigación también indaga posibles intentos de interferencia en la causa. Una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano sostiene que el funcionario habría intentado influir sobre un testigo clave antes de su declaración, lo que motivó incluso un pedido de detención.

Aunque la Justicia rechazó esa medida por falta de riesgo procesal inmediato, dejó abierta la posibilidad de avanzar con otras restricciones, en un contexto donde el expediente no deja de sumar elementos comprometedores.

El caso también expone un patrón que ya había sido señalado en investigaciones previas: el uso de préstamos personales —en este caso provenientes de jubiladas— para adquirir propiedades, una práctica que refuerza las dudas sobre el origen y la trazabilidad de los fondos.

En paralelo, otros testimonios hablan de pagos en efectivo, remodelaciones millonarias y operaciones por fuera de los registros formales, configurando un escenario donde la línea entre lo legal y lo irregular aparece cada vez más difusa.

Para el Gobierno, el problema ya no es solo la causa en sí, sino la acumulación de señales contradictorias. Mientras intenta sostener un relato de orden y transparencia, uno de sus funcionarios más visibles queda atrapado en una investigación que pone en cuestión no solo su patrimonio, sino también la credibilidad del propio oficialismo.

La declaración del nuevo testigo no cierra el caso. Por el contrario, confirma que el expediente avanza en una dirección incómoda: la de un entramado financiero difícil de justificar y políticamente costoso de sostener.