El caso generó incomodidad en distintos niveles de la administración. Ministros y dirigentes libertarios admiten en privado que el desgaste político es evidente, pero el clima interno está atravesado por el temor a cuestionar decisiones que provienen directamente del entorno presidencial. Esa dinámica, lejos de disipar dudas, alimenta la percepción de un círculo de poder cada vez más cerrado y refractario a la crítica interna.

En paralelo, la causa judicial avanza con declaraciones y medidas que ponen bajo la lupa el crecimiento patrimonial del funcionario, mientras se multiplican las denuncias y sospechas sobre gastos, propiedades y movimientos financieros incompatibles con su ingreso declarado como funcionario público.

Pese a ello, Milei insiste en interpretar el proceso como una operación política y mediática contra su gobierno, cerrando filas en torno a uno de sus colaboradores más cercanos. La estrategia, sin embargo, empieza a generar costos políticos: erosiona la narrativa anticasta con la que el oficialismo llegó al poder y alimenta la desconfianza tanto en la oposición como dentro de sectores del propio oficialismo.

En este escenario, la permanencia de Adorni ya no es solo una discusión judicial o administrativa, sino un síntoma de un problema mayor: la tensión entre el discurso de cambio y las prácticas de blindaje político que, según sus críticos, empiezan a parecerse demasiado a las de la “casta” que el Gobierno prometió reemplazar.