El caso se remonta al 22 de octubre, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina avanzaron sobre manifestantes que se desplazaban por la zona de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. En ese operativo, Egidio Contreras, de 75 años, fue reducido por varios agentes, arrojado al suelo y terminó con una fractura en el brazo izquierdo.

El expediente había sido cerrado en primera instancia luego de que el fiscal Eduardo Taiano considerara que no existía delito y la jueza María Servini resolviera archivar la causa. Esa decisión fue convalidada posteriormente por la Cámara Federal porteña, que interpretó que no hubo uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Javier de Luca, sostuvo que no se cumplieron los principios básicos que regulan la intervención estatal, como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. También remarcó que la víctima participaba de una protesta pacífica, protegida por derechos constitucionales.

Finalmente, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma ordenaron reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba, al considerar que la investigación previa fue insuficiente. En su voto, Slokar alertó sobre prácticas que implican “deshumanización y crueldad” y advirtió que el uso indebido de la fuerza pública vulnera derechos fundamentales, especialmente en sectores vulnerables como los adultos mayores.

El magistrado también cuestionó el impacto del silencio judicial ante estos hechos, al señalar que puede desalentar la participación social y debilitar el debate democrático. En esa línea, sostuvo que la represión de manifestaciones no puede ser avalada ni naturalizada en un sistema constitucional.

La decisión se conoce en un contexto de crecientes cuestionamientos a la política de seguridad y al control de la protesta social, mientras distintos organismos advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos.