El planteo se apoya en versiones que indican que Adorni habría tomado contacto previo con el arquitecto Matías Tabar, convocado a declarar bajo juramento, ofreciéndole “ayuda” y facilitando vínculos con su equipo. Según la denuncia, ese acercamiento no habría sido inocuo: se sospecha que incluyó sugerencias para eliminar conversaciones de WhatsApp potencialmente comprometedoras a cambio de beneficios, lo que configuraría una maniobra directa de obstrucción.

Pagano, que accede a la causa de manera indirecta por su rol de denunciante, sostuvo que los indicios son lo suficientemente graves como para justificar una medida de máxima severidad. Remarcó además que el hecho de que Adorni continúe en funciones agrava el cuadro, ya que su cargo le permitiría influir sobre testigos, estructuras estatales y el propio desarrollo del expediente.

El escrito también advierte sobre el riesgo de reiteración de conductas similares, dado que aún restan testigos por declarar. En ese sentido, la diputada desestimó medidas más leves -como restricciones de contacto o cauciones- por considerarlas insuficientes frente a un funcionario con capacidad de maniobra dentro del Estado. No obstante, dejó planteadas alternativas en caso de que la Justicia no avance con la detención: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y resguardo de las comunicaciones.

El pedido incluye además la ampliación de la imputación y la producción de nuevas pruebas, entre ellas el peritaje del teléfono del testigo para intentar recuperar mensajes eliminados.

En un contexto donde el discurso oficial hace eje en la “moral”, la denuncia expone las contradicciones del gobierno de Javier Milei: la sospecha de que, puertas adentro, se utilicen resortes de poder para condicionar procesos judiciales sensibles. La decisión ahora queda en manos de Lijo.