Según la denuncia, ese encuentro habría sido el puntapié inicial de una serie de maniobras destinadas a garantizar beneficios económicos y acceso privilegiado a estructuras estatales vinculadas a inteligencia y datos sensibles.

De acuerdo al documento, la reunión tuvo lugar el 27 de febrero de 2024 en la Casa Rosada, con ingreso de Thiel a las 15:09 y salida a las 16:21, sin que el encuentro fuera incluido en la agenda oficial difundida ese día. Esta omisión es considerada por los denunciantes como un indicio de ocultamiento deliberado.

La presentación sostiene que Adorni habría actuado como nexo para concretar la audiencia y que, posteriormente, evidenció un incremento patrimonial llamativo. Entre los elementos señalados figuran viajes en vuelos privados a Uruguay, adquisición de bienes no declarados y un crecimiento de activos que, según se detalla, pasó de 61 millones a 107 millones de pesos en el lapso de un año.

El escrito también pone el foco en Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien describe como una figura central en la supuesta administración de recursos y acceso al mandatario. Bajo el apodo de “la cajera”, se le atribuye la coordinación de pagos o “donaciones” para facilitar entrevistas, reuniones o acuerdos con actores privados.

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la hipótesis de un presunto pago encubierto a través de operaciones inmobiliarias. En ese sentido, se menciona la compra de una propiedad en el barrio porteño de Palermo Chico por parte de Thiel por unos 12 millones de dólares, valor que duplicaría el de inmuebles comparables en la zona. Según el texto, esa diferencia podría constituir un “premium político” destinado a canalizar retornos económicos.

En términos legales, la denuncia encuadra los hechos en figuras como asociación ilícita agravada, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, encubrimiento y abuso de autoridad, entre otros delitos.

Además, solicita medidas de prueba, como informes a Casa Militar, Migraciones y organismos de control patrimonial, así como la detención preventiva de Adorni por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El expediente también incorpora como evidencia potencial informes periodísticos y registros oficiales que darían cuenta del ingreso del empresario extranjero a la sede gubernamental sin publicidad institucional, reforzando la hipótesis de una reunión clandestina.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una presentación judicial que deberá ser evaluada por la Justicia, sin que exista aún resolución sobre su veracidad. Mientras tanto, el caso suma tensión política y reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión pública y los vínculos entre el poder político y el sector privado tecnológico.