Donde hay humo, hay asado... Y ahora también una denuncia: evasión y lavado bajo la lupa en la Justicia
Una denuncia por presunta evasión tributaria millonaria y lavado de activos de origen delictivo sacude a la provincia de Mendoza y apunta directamente a sectores del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial.
De acuerdo a la documentación oficial de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), el expediente fue caratulado el 16 de abril de 2024 bajo el número EX-2024-02687751-GDEMZA-ATM.
⚖️🐎 El denunciante Aldo Sergio Parodi compareció ante la Fiscalía Federal 3 de Córdoba para ampliar su acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, y sus testaferros, a quienes vincula con presunto lavado de activos en subastas millonarias… pic.twitter.com/p2csoeHXJf
— Agencia NOVA (@agencianovaok) April 12, 2026
La presentación fue gestionada por la agente Laura Verónica Guerrero y corresponde a un trámite de denuncias identificado con el código ATM00091.
El denunciante figura como Aldo Sergio Parodi, quien formalizó una acusación de alto impacto institucional: sostiene la existencia de maniobras de evasión tributaria de gran escala y posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a estructuras del Poder Judicial de la Nación y de la provincia de Mendoza.
Según surge del expediente, el denunciante tiene domicilio en la localidad de Pedro Molina, departamento de Guaymallén, Mendoza.
Sin embargo, uno de los datos que llama la atención es que el Documento Nacional de Identidad consignado no figura como validado por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo que podría abrir interrogantes sobre la verificación de identidad dentro del trámite administrativo.
La denuncia, de confirmarse, implicaría un escándalo de gran magnitud, dado que involucra a uno de los poderes del Estado y menciona delitos económicos complejos, como la evasión fiscal agravada y el lavado de activos, figuras que suelen estar asociadas a redes organizadas y circuitos financieros sofisticados.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre avances en la investigación ni posibles imputaciones, pero el expediente ya se encuentra formalmente ingresado en el sistema administrativo de la provincia, lo que podría derivar en actuaciones judiciales o en la intervención de organismos de control.
El caso abre un nuevo foco de tensión en Mendoza, en un contexto donde la transparencia institucional y el control de los fondos públicos se encuentran bajo permanente escrutinio social. Mientras tanto, la denuncia permanece como un documento oficial que, de avanzar, podría escalar a niveles de alto impacto político y judicial.








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