Según el escrito presentado, se trata de un recurso de amparo colectivo que, de acuerdo a su autor, fue el primero en abordar judicialmente lo que define como un “negocio pedófilo global” operando a través de plataformas digitales.

Parodi sostiene que la causa se encuentra actualmente paralizada y archivada en un contexto que califica como irregular, tras la desvinculación de su abogado patrocinante y la negativa de la Defensoría General de la Nación a brindarle asistencia letrada.

En su presentación, el denunciante afirma que durante la tramitación del expediente en el Juzgado Federal 2 de Mendoza habrían desaparecido elementos clave de prueba, incluyendo documentación y soportes digitales que contendrían material audiovisual presuntamente peritado.

De acuerdo a su relato, esas pruebas habrían permitido acreditar la existencia de redes internacionales vinculadas a delitos contra menores.

El escrito también menciona presuntas responsabilidades de empresas tecnológicas y actores económicos, a quienes acusa de facilitar o no controlar adecuadamente el uso de plataformas digitales. Asimismo, hace referencia a supuestas conexiones con otros delitos graves como trata de personas, trabajo esclavo y desaparición de menores en situación de vulnerabilidad.

Parodi solicita que tanto la Defensoría de los Derechos del Niño como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) se constituyan como parte en la causa, con el objetivo de reactivar la investigación y garantizar el acceso a la justicia.

Argumenta que, de comprobarse los hechos denunciados, el caso podría sentar precedentes a nivel internacional en materia de responsabilidad civil y penal de empresas en el ámbito digital.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos por parte de los organismos mencionados ni confirmaciones oficiales sobre el estado procesal del expediente o las irregularidades denunciadas. La causa, según el propio presentante, permanece archivada.