El testimonio de Matías Tabar en los tribunales de Comodoro Py no es un dato menor. Según fuentes judiciales, el dinero habría sido entregado sin registro bancario, lo que abre interrogantes evidentes sobre el origen de los fondos y los mecanismos utilizados.

Las obras incluyeron mejoras estructurales en una propiedad de gran tamaño —paredes, pisos y una pileta—, en un contexto donde el propio Adorni insiste en negar cualquier irregularidad.

Lejos de aportar claridad, las explicaciones públicas del jefe de Gabinete parecen ir a contramano de la gravedad de las acusaciones. En su última conferencia de prensa, volvió a rechazar cuestionamientos no solo sobre esta operación inmobiliaria sino también sobre su nivel de vida y los viajes al exterior realizados junto a su familia. Sin embargo, el contraste entre su discurso y los datos que emergen de la investigación judicial alimenta la sospecha de que hay más zonas grises que certezas.

El caso impacta directamente en el corazón del relato oficial. La administración de Milei construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, pero episodios como este exponen prácticas que remiten a las viejas lógicas que decía combatir. La circulación de grandes sumas de dinero en efectivo, sin trazabilidad clara, no solo es legalmente cuestionable: resulta políticamente incompatible con el discurso de austeridad y transparencia.

A medida que avanza la causa, el Gobierno enfrenta un dilema cada vez más incómodo: sostener a uno de sus principales voceros pese al desgaste o tomar distancia para contener el costo político. Por ahora, la estrategia parece ser el cierre de filas y la negación sistemática. Pero en un contexto de creciente escrutinio, esa postura no hace más que profundizar la percepción de opacidad en una gestión que prometía exactamente lo contrario.