Durante el encuentro, referentes y organizaciones expresaron su malestar con el Gobierno nacional, al que acusaron de “elegir” al colectivo de personas con discapacidad como variable de ajuste. Las críticas apuntan a la reducción de beneficios, la paralización de altas en programas esenciales y la falta de respuestas ante una demanda creciente en un contexto de mayor vulnerabilidad social.

En diálogo con NOVA, el presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), Daniel Ramos, describió un escenario de “preocupación e incertidumbre”. Según detalló, uno de los principales problemas radica en la caída de las pensiones: “Se dieron de baja 100.000 pensiones, mientras que apenas 3.000 nuevas altas se mantienen activas”, señaló.

Ramos explicó que la pensión es clave porque habilita el acceso a programas de salud destinados a personas con discapacidad en situación de pobreza. “Sin esa cobertura no hay medicamentos, no hay insumos básicos como pañales, no hay seguridad social. La situación es grave”, advirtió. Además, remarcó que el acceso al sistema es cada vez más restrictivo, con trámites frenados y mayores dificultades para quienes necesitan ingresar.

El titular de CAIDIS también cuestionó lo que consideró una estigmatización del sector por parte del Gobierno. “Se pone bajo sospecha a las personas con discapacidad, como si hubiera fraude generalizado en las pensiones. Pero existen controles estrictos, con juntas médicas y estudios socioambientales. No es fácil acceder a este derecho”, subrayó.

Frente a este panorama, los convocantes a la audiencia buscarán reunir testimonios y reforzar el reclamo en el Congreso, con el objetivo de visibilizar la crisis y exigir medidas urgentes que garanticen la cobertura de necesidades básicas para uno de los sectores más vulnerables de la población.