La protagonista en cuestión es Adriana Mónica Nechevenko, la profesional que intervino en la compra del departamento de casi 200 metros cuadrados en Caballito, una operación que —según la investigación— se habría sostenido en un crédito hipotecario de 200 mil dólares otorgado, llamativamente, por dos jubiladas que pasaron de vendedoras a acreedoras en la misma jugada.

Nechevenko declaró durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py, pero al salir eligió no inmolarse y lavarse las manos, despegándose lo más posible de su cliente: “Pregúntele a él”, disparó ante la consulta sobre el origen de los fondos con los que el funcionario adquirió sus propiedades.

Cabe recordar que la escribana —una pieza central en el entramado— no es una figura periférica. Intervino en casi todas las operaciones inmobiliarias de la familia Adorni: desde el departamento de la calle Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, hasta el de Miró al 500 en Caballito, pasando por la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Un recorrido inmobiliario que, lejos de mostrar austeridad, exhibe una expansión patrimonial difícil de explicar con ingresos públicos.

La escribana, para sorpresa de nadie, negó que existieran préstamos irregulares y aseguró que “todas las operaciones están explicadas” en la fiscalía. Sin embargo, no pudo dar explicaciones concretas que pudieran respaldar sus afirmaciones, sino que por el contrario, cuando se trató de dar detalles, prefirió el hermetismo. Tampoco quiso explicar por qué visitó siete veces la Casa Rosada entre 2024 y 2025: “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría”, se excusó.

Las “declaraciones” de Nechevenko poco ayudan a la situación de “Adorno”, más allá de que, como era de esperarse, no lo haya incriminado directamente: el corazón del caso sigue siendo el mismo: los números no cierran. El departamento de Caballito, por ejemplo, figura escriturado en 230.000 dólares, un valor que despierta sospechas en un mercado donde difícilmente se consigan propiedades de ese tipo por menos de 3.000 dólares el metro cuadrado. Pero lo más llamativo no es solo el precio, sino el mecanismo de pago.

Según la documentación, dos mujeres de 72 y 64 años —Beatriz Viega y Claudia Sbabo— habrían financiado la compra mediante una hipoteca de 200.000 dólares (100.000 cada una), mientras que el propio Adorni habría aportado apenas 30.000. Un esquema poco habitual que se repite: en su vivienda anterior, también recurrió a jubiladas que le “prestaron” dinero, en este caso por 100.000 dólares.

La Justicia ya puso la lupa sobre estas operaciones. El fiscal Pollicita citó a declarar a las cuatro jubiladas involucradas, que deberán hacerlo bajo juramento. La sospecha es clara: que los préstamos nunca existieron y que todo haya sido una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido. Es decir, una simulación prolija en los papeles, pero endeble cuando se la somete a preguntas incómodas.

Mientras tanto, el patrimonio del funcionario creció a un ritmo que no se condice con su salario. Propiedades adquiridas, valores subdeclarados y mecanismos financieros poco convencionales configuran un cuadro que, en términos judiciales, empieza a tomar forma de presunto enriquecimiento ilícito.

En este contexto, la declaración de la escribana —lejos de despejar dudas— dejó flotando una certeza incómoda: cuando los protagonistas prefieren que “le pregunten a otro”, es porque las respuestas pueden ser más explosivas que las preguntas.