Aseguró que el trámite arrancó en julio de 2025, que pasó por todas las etapas formales y que demoró ocho meses hasta la firma. Insistió en que no hubo trato preferencial.

Pero el problema no es solo el expediente. Es el contexto. Mientras se multiplican las denuncias contra funcionarios y legisladores oficialistas por préstamos similares, la aparición de Strada deja al descubierto una contradicción incómoda: crítica del sistema, pero beneficiaria del mismo mecanismo.

La diputada explicó que el crédito, pedido junto a su madre, fue para cambiar un departamento heredado, valuado en unos 100 mil dólares, por uno más grande. El préstamo, dijo, fue de 150 mil dólares y con opción de cancelación anticipada. Todo declarado, todo en regla, según su versión.

No es un caso aislado. Alejandro Bongiovanni también recibió 255 millones de pesos y defendió su situación en los mismos términos. La lista incluye funcionarios, directivos y legisladores libertarios.

El tema ya cruzó la frontera política y cayó en tribunales. Las denuncias quedaron en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con acusaciones que van desde defraudación contra la administración pública hasta abuso de autoridad.