Llora Boborni: la Justicia citó a cuatro mujeres que le "prestaron" dólares y se cae el montaje de bienes no declarados
La Justicia avanza con firmeza sobre las operaciones inmobiliarias del ex bobo-vero presidencial, Manuel Adorni, y decidió citar a declarar a las cuatro mujeres que, según la investigación, le facilitaron préstamos en dólares a través de hipotecas privadas para comprar dos departamentos en el barrio de Caballito.
El fiscal Gerardo Pollicita dispuso las citaciones. Por un lado, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas deberán presentarse este jueves 9. Por otro, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio fueron convocadas para el lunes 13. Ambas parejas están vinculadas a las adquisiciones del funcionario.
La causa se centra especialmente en la compra del departamento de la calle Miró, donde hoy reside Adorni. El 18 de noviembre de 2025, el jefe de Gabinete adquirió la propiedad por 230.000 dólares. Dos jubiladas, Sbabo y Viegas, le habrían financiado el 87 por ciento del monto total.
El inmueble de casi 200 metros cuadrados había pertenecido previamente al exfutbolista Hugo Alberto Morales, quien lo compró en 1996 por 200.000 dólares. Este valor de venta genera dudas porque se considera por debajo de las referencias del mercado en la zona.
Además, la financiación mayoritaria a través de hipotecas privadas entre particulares despertó interrogantes sobre la compatibilidad con el patrimonio declarado por Adorni.
No fue la única operación. En el mismo mes, Adorni hipotecó otro departamento familiar en la calle Asamblea y recibió 100.000 dólares de Molina y Cancio. La documentación incorporada al expediente incluye un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires que confirma estos movimientos.
Este martes, Morales prestó declaración virtual desde Bella Vista, Corrientes. Según fuentes judiciales, su testimonio se limitó a confirmar datos ya existentes en la causa, sin aportar elementos nuevos de relevancia.
La investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, busca ahora reconstruir el recorrido de los fondos utilizados en ambas compras para determinar si las operaciones son consistentes con los ingresos y bienes declarados por el funcionario.








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