El contraste no es solo incómodo, es brutal. De un lado, empresas de colectivos que advierten que no pueden pagar salarios ni sostener recorridos por la falta de subsidios y el aumento del combustible. Del otro, un Gobierno que parece más interesado en mostrar una postal aspiracional que en resolver un problema básico de movilidad.

La escena se explica sola: mientras el pasajero calcula cuánto más va a esperar, el ministro tuitea sobre “libertad en acción” porque alguien pudo comprarse un auto importado.

La explicación oficial roza lo caricaturesco. Para el relato libertario, la importación de vehículos premium sería una señal de apertura económica. Pero en la práctica, esa “libertad” convive con un sistema de transporte urbano al borde del colapso. Las empresas denuncian que Nación adeuda millones en subsidios y que el esquema actual hace inviable el servicio.

Marcelo Pasciuto, de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), fue directo: sin gasoil, sin crédito bancario y sin asistencia estatal, ni siquiera está garantizado que los colectivos salgan a la calle.

Lo más llamativo no es solo la crisis, sino la ausencia. Según los propios empresarios, nadie del Gobierno los convocó a discutir una salida. Ninguna mesa, ninguna negociación, ningún intento de ordenar el caos. En ese vacío, la política pública queda reducida a tweets celebratorios y consignas abstractas.

El resultado es una postal incómoda para el oficialismo: mientras se pregona eficiencia y orden, el transporte más usado del país entra en zona de incertidumbre. Y mientras eso ocurre, el mensaje que baja desde arriba no es una solución, sino una celebración ajena, casi provocadora. Como si el Gobierno hablara para otro país, uno donde los problemas cotidianos no existen y donde dos autos importados alcanzan para justificar todo lo demás.