De la Rosada a La Haya: denuncian que los presidentes argentinos coleccionan genocidas como figuritas del Mundial
En una reciente presentación ante el juzgado federal a cargo de la doctora María Romilda Servini, el ciudadano Aldo Sergio Parodi ha formalizado una denuncia que apunta directamente contra los jefes de Estado argentinos desde el año 2007 hasta la actualidad.
El expediente, identificado bajo la carátula CFP 804/2026, sostiene la existencia de una presunta violación sistemática del Estatuto de Roma por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El denunciante solicita la intervención urgente de la Corte Penal Internacional y fundamenta su petición en la vigencia de las leyes 25.390 y 26.200.
Según el escrito presentado, existiría una maniobra de encubrimiento institucional para proteger a diversas figuras internacionales, entre las que menciona a George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar, Benjamin Netanyahu y Donald Trump.
Parodi argumenta que las gestiones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei han operado para ocultar a dichos actores ante la justicia internacional. El documento afirma que este comportamiento diplomático representa un escándalo sin precedentes y cuestiona la postura de Argentina frente a delitos considerados de lesa humanidad.
Como sustento probatorio, el denunciante ha adjuntado un listado de múltiples causas penales previas, registradas entre 2006 y 2026. Entre los expedientes citados figuran investigaciones sobre conflictos en Líbano, Irak, la cárcel de Guantánamo y la Franja de Gaza.
Asimismo, se hace referencia a presuntos crímenes de guerra cometidos en perjuicio de ciudadanos argentinos, tales como los sacerdotes Jorge Hernández y Gabriel Romanelli.
Uno de los puntos centrales del escrito es la denuncia específica de un crimen de agresión contra el Estado de Venezuela, conforme al artículo 8 bis del Estatuto de Roma, así como delitos vinculados a odio racial. El presentante sostiene que la política exterior argentina ha estado al servicio de intereses que califica como macabros, priorizando el negocio de la guerra sobre la normativa penal internacional.
En su solicitud ante la jueza Servini, Parodi requiere que la magistrada se traslade personalmente a la Corte Penal Internacional para notificar el proceso y activar una investigación formal sobre el supuesto encubrimiento por parte de los exmandatarios y el actual presidente.
El denunciante advierte que la inacción de la justicia internacional podría derivar en un agravamiento de la impunidad y poner en peligro la paz mundial.
La presentación concluye con un llamado a las autoridades judiciales argentinas para que honren los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, bajo la premisa de que el Estado argentino no puede ser partícipe del encubrimiento de crímenes de jurisdicción universal e imprescriptibles.
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