Lo que de verdad debería encender las alarmas es que, si se midiera con una metodología que no estuviera dos décadas atrasada, el número real se ubicaría cómodo por arriba del tres por ciento.

El punto central no es técnico, sino político: el ministro-timbero Luis “Toto” Caputo y “Jamoncito” decidieron frenar descaradamente la implementación del nuevo IPC, que ponderaba de manera más fiel el peso creciente de los servicios públicos en el gasto de los hogares. Esa actualización metodológica reflejaba mejor la estructura actual del consumo, y por lo tanto mostraba una inflación más alta. Y eso, en tiempos de marketing libertario, era inaceptable.

Aun con el índice viejo, las principales consultoras privadas pintan un escenario incómodo para la Casa Rosada. Eco Go estimó la inflación de febrero cerca del 2,7; Analytica la ubicó en torno al 2,8 por ciento; Equilibra proyectó un número similar; C y T Asesores Económicos habló de 2,6; y LCG también registró una variación superior a la de enero. El consenso es claro: la inflación vuelve a acercarse peligrosamente al tres por ciento.

El dato es pésimo para Milei, que en el Presupuesto aprobado por el Congreso proyectó una inflación para todo 2026 del 10,1 porcentual. Si la suba de precios se mantiene en el rango actual, incluso utilizando un termómetro desactualizado, la meta anual correría riesgo de evaporarse en apenas el primer trimestre. Y eso sin contar el efecto acumulativo de los ajustes que ya están en marcha.

Porque lo que “Jamoncito” se niega a admitir, pero que para el bolsillo de los argentinos es inocultable, es que el verdadero drama está en los servicios. La electricidad tendrá un aumento que, en un cálculo optimista, rondará el 5 por ciento para usuarios subsidiados. El agua subirá 4 por ciento. Los colectivos del AMBA escalarán 7,7 por ciento y el subte aumentará tres coma veinticinco por ciento, llevando el boleto a 1.373 pesos. Los peajes en rutas nacionales treparán hasta 19 por ciento. La nafta también volverá a subir, impulsada por el precio internacional del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente. Cada incremento en el surtidor impacta en cadena sobre costos logísticos y precios finales.

El patrón es evidente: los servicios pesan cada vez más en el presupuesto familiar. No son gastos optativos. Son la parte rígida del consumo: luz, gas, agua, transporte. Lo que no se puede postergar. Sin embargo, el índice oficial continúa subrepresentando ese componente, como si la Argentina siguiera teniendo la misma estructura de consumo de hace más de una década.

Por eso el Gobierno pagó el costo político de suspender el nuevo IPC y forzar la salida de Marco Lavagna. La actualización metodológica le otorgaba mayor participación a los servicios, hoy la porción más significativa del ingreso destinado al consumo. Con esa ponderación, el impacto tarifario habría quedado expuesto con crudeza y la inflación de febrero, según las consultoras, habría superado con claridad el tres por ciento.

La estrategia es transparente: si el número molesta, se cambia la regla. Se sostiene un índice viejo para mostrar una inflación más baja que la que efectivamente sienten los bolsillos. Pero, como en los dibujos animados que inspiran la metáfora, la realidad siempre termina alcanzando al personaje que intenta escapar. Y cuando el costo de vida se mide con herramientas obsoletas, la mentira puede estirarse unos meses, pero no eternamente.