La periodista Eleni Varvitsioti lo consultó tres veces. Primero, Lorenzino defendió las cifras oficiales y aseguró que la única medición válida era la del INDEC. Luego arriesgó que el acumulado anual rondaba el 10,2 por ciento, con dudas incluidas. A la tercera insistencia, pidió cortar la grabación.

El video, difundido tiempo después, mostró lo que la cámara no enfocaba: “Me quiero ir”, lanzó el ministro, incómodo, antes de admitir que hablar de estadísticas en la Argentina era “complejo”. D

esde su entorno explicaron que no solían dialogar con la prensa local sobre inflación y que el comentario debía quedar fuera de registro. La cronista respondió que preguntar por los precios era central en cualquier cobertura económica.

El episodio quedó como símbolo de una época marcada por sospechas de manipulación de datos públicos. No es un dato menor recordarlo ahora, cuando el kirchnerismo, con su principal referente presa por corrupción, acusa al gobierno de Javier Milei de alterar cifras oficiales.

La comparación no exime a nadie de rendir cuentas ni tampoco quita que, evidentemente, los índices de Milei son más truchos que abrazo de suegra, pero exhibe una contradicción evidente: quienes hoy se rasgan las vestiduras por la transparencia estadística, ayer no toleraban ni una pregunta incómoda. Y cuando la presión subía, la respuesta no era explicar, sino apagar la cámara.