No es un detalle menor: el texto habría sido firmado el 29 de enero de 2025, un día antes de la reunión en Balcarce 50 gestionada por el propio Novelli.

Milei jamás reconoció ese contrato. Sin embargo, tras el derrumbe de $LIBRA —que dejó pérdidas a más de 40.000 inversores— Davis afirmó que asesoraba al mandatario y que retenía 100 millones de dólares “de los argentinos” a la espera de instrucciones. El Presidente nunca lo denunció ni cuestionó públicamente esa versión.

El fiscal Eduardo Taiano pidió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si existe el acuerdo. La respuesta oficial fue que no hay registro alguno.

Para el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), esa “inexistencia” es jurídicamente relevante: un convenio de esa magnitud debía tener encuadre administrativo. De no ser así, advierte, no sería confidencial sino clandestino.

CIPCE sostiene que corresponde imputar a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública. La Secretaría General que dice no tener registros está a cargo de Karina Milei, también imputada en la causa.

El peritaje confirmó además comunicaciones entre Novelli, el presidente, su hermana y Davis. Varias conversaciones estaban vacías o eliminadas. También se detectaron movimientos alrededor de una caja de seguridad abierta días antes del lanzamiento y vaciada inmediatamente después.

Mientras el oficialismo intenta instalar que el tema está cerrado y que no hubo fondos públicos involucrados, los borradores encontrados muestran otra cosa: un proyecto para “tokenizar” el Estado argentino bajo asesoramiento externo.