Sin embargo, la ofensiva del gobierno de Javier Milei para que la dirigente social jujeña regrese a la cárcel, aun con prisión domiciliaria otorgada por razones de salud y bajo supervisión judicial, reabre una discusión incómoda: hasta dónde puede y debe llegar el Poder Ejecutivo sin avasallar competencias judiciales ni desconocer los estándares básicos de derechos humanos.

Las responsabilidades penales deben cumplirse, y nadie puede colocarse por encima de la ley ni escudarse indefinidamente en un discurso de persecución política para eludir condenas firmes.

Sin embargo, una cosa es exigir que las sentencias se cumplan conforme a derecho, y otra muy distinta es que el Gobierno nacional se inmiscuya de manera directa y agresiva en un proceso judicial en curso, deslegitimando fallos, diagnósticos médicos y decisiones de organismos internacionales.

El escrito presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto la prisión domiciliaria de Sala no solo desconoce la división de poderes, sino que además expone una concepción punitivista y revanchista incompatible con el rol institucional que dice ocupar.

Resulta especialmente grave que el área estatal que debería garantizar derechos y dialogar con los organismos internacionales adopte un tono de escarnio, cuestione medidas de protección dictadas por la Corte IDH y relativice el estado de salud de una persona privada de la libertad. El uso de un lenguaje estigmatizante, la confusión deliberada entre la CIDH y la Corte IDH, y la descalificación general de los mecanismos internacionales de derechos humanos no son errores menores: revelan una política explícita de confrontación con el sistema que la Argentina ayudó a construir tras la dictadura.

El delicado cuadro de salud de Milagro Sala, documentado por traslados hospitalarios e internaciones, no borra ni atenúa las causas por las que fue condenada. Pero tampoco puede ser ignorado para satisfacer una narrativa de “mano dura” que busca rédito político.

Al presentar el caso como una cruzada moral contra “la casta” y al deslegitimar a los organismos de derechos humanos, el Gobierno de Milei no fortalece la lucha contra la corrupción. Por el contrario, la banaliza y la convierte en una herramienta de disciplinamiento político.

La verdadera discusión no debería ser si Milagro Sala “merece” más castigo en términos discursivos, sino si el Estado argentino está dispuesto a respetar sus propias reglas, la independencia judicial y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.