La decisión, tomada por Milei y el ministro de Economía, el timbero Luis Caputo, de dar marcha atrás con la publicación del nuevo IPC —que estaba prevista para el 10 de febrero— fue calificada como intempestiva y carente de sustento técnico. Para los analistas, el retroceso deja una marca profunda en la confianza pública sobre las estadísticas oficiales, una herida sensible en un país con antecedentes de manipulación de datos.

“La medida es problemática en términos de credibilidad. No tiene sustento técnico y abre la puerta a cuestionamientos permanentes sobre los futuros datos oficiales, lo que amenaza con desanclar expectativas y frenar la convergencia de la inflación, que ya se había desacelerado en los últimos meses”, señaló Melisa Sala, economista de la consultora LCG.

En la misma línea, EPyCA advirtió que la decisión “erosiona la credibilidad del INDEC, reabre heridas del pasado reciente y confirma una lógica de adaptar el dato al relato”. Según la consultora, la desinflación existe, pero se estancó, y ahora se intenta presentarla como más sostenida a costa del rigor técnico y la autonomía institucional.

Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y socio de la consultora Vectorial, fue aún más tajante: “Si hasta ahora había dudas sobre el índice vigente, a partir de ahora cualquier índice futuro también va a generar sospechas”. La preocupación se profundizó luego de que trascendiera que el nuevo IPC no solo se postergó, sino que habría sido cancelado definitivamente, con la eventual elaboración de un índice completamente nuevo desde cero.

Desde Outlier, la consultora dirigida por Gabriel Caamaño Gómez, reconocieron que el daño no es irreversible, pero subrayaron que el impacto negativo en términos comunicacionales y de credibilidad “está ahí y no puede obviarse”. Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, agregó que los cambios en el INDEC pueden tener efectos económicos concretos, con impacto en el riesgo país y en el índice general de confianza.

El desconcierto en el mercado fue total. El solo anuncio oficial, realizado en octubre pasado, había sido suficiente para que las consultoras recalcularan sus estimaciones de inflación de enero bajo la nueva metodología. La marcha atrás dejó a los analistas descolocados y reforzó la sensación de improvisación.

Más allá del plano simbólico, las consultoras advierten que el escándalo ya comenzó a tener efectos reales. En primer lugar, señalan que la mala performance de acciones y bonos argentinos durante martes y miércoles no puede desligarse de lo ocurrido con el INDEC. Mientras los mercados regionales mostraron comportamientos positivos, el equity local quedó rezagado. Para Outlier, es “muy difícil no asignar ese desempeño relativo al ruido inoportuno” generado por la polémica, especialmente después de un enero favorable para el Gobierno en materia financiera.

En segundo término, se anticipan serias complicaciones en las negociaciones paritarias y en todos los mecanismos indexados. “¿Con qué índice van a discutir los sindicatos? Esto desancla las expectativas de desinflación y hace pensar que el índice fue manipulado”, alertó Montagu. En ese escenario, las jubilaciones y los instrumentos ajustados por inflación, como los plazos fijos UVA, podrían perder poder adquisitivo.

Por último, el conflicto amenaza con enturbiar las negociaciones con el FMI, justo cuando se espera la llegada de una misión del organismo al país para avanzar en la próxima revisión del acuerdo. Marx recordó que el lanzamiento del nuevo IPC formaba parte de los compromisos asumidos con el Fondo y que la calidad de las estadísticas públicas es un punto central dentro de sus evaluaciones.

Así, el escándalo del INDEC no solo pone en cuestión la promesa oficial de profesionalismo y transparencia, sino que también expone al Gobierno a un costo político y económico inmediato. Para un programa que se presenta como “técnico” y orientado al crecimiento, el golpe a la credibilidad parece haber sido autoinfligido.