Pero es cierto que las detenciones se reiteran, siempre en contextos de protesta y siempre con una resolución rápida que lo devuelve a la calle convertido en símbolo político.

Esa reiteración no es menor. En noviembre del año pasado fue detenido en una marcha similar y liberado el mismo día. En marzo de 2025 protagonizó otro forcejeo con la policía, fue reducido y trasladado tras intentar impedir una detención, escena que quedó registrada en video. No se trata de hechos aislados ni de un sacerdote ocasionalmente involucrado, sino de un actor político que elige sistemáticamente el conflicto como escenario.

A eso se suma una denuncia judicial mencionada en ámbitos mediáticos y políticos: un abogado presentó en Quilmes una acusación contra Olveira por presunta estafa e incitación a la violencia, además de cuestionar el manejo de fondos y el uso de títulos religiosos en el marco de una fundación vinculada a su actividad.

El dato más incómodo para el propio Olveira suele quedar fuera del relato épico: la Iglesia Católica le retiró las licencias ministeriales en la diócesis de Avellaneda-Lanús en 2018/2019. El motivo no fue un tecnicismo administrativo, sino su militancia política explícita, sus choques con autoridades eclesiales y posturas públicas que lo alejaron de la función pastoral. No fue expulsado de la fe, pero sí apartado del ejercicio clerical en esa jurisdicción, una señal clara de que su rol ya no encajaba en la estructura institucional de la Iglesia.

Desde entonces, su figura quedó definitivamente asociada al activismo político. Olveira no se limita a denunciar situaciones sociales: habla de insurrección, llama a la confrontación directa con el gobierno y acusa al poder político de “utilizar la fe para otros fines”.

En una de sus cartas públicas más difundidas llegó a afirmar que “la casta eran los pobres”, una frase celebrada en ciertos espacios militantes pero cuestionada por otros sectores por convertir la vulnerabilidad social en herramienta discursiva de disputa política.

Incluso el propio sacerdote reconoció problemas estructurales en organizaciones sociales, al admitir que algunas no exigían contraprestaciones a beneficiarios de planes, una afirmación que abrió críticas sobre el uso político de la pobreza y la falta de controles. Sin embargo, esa autocrítica nunca derivó en un replanteo del rol que él mismo ocupa dentro de ese entramado.

Cada detención breve, cada video viral y cada respaldo legislativo inmediato refuerzan una paradoja difícil de ignorar: si el sistema fuera tan represivo como se denuncia, no habría liberaciones en una hora; si fuera un ciudadano más, no habría un bloque político entero operando como escudo. La pobreza y los jubilados existen y sufren, pero en este esquema el protagonista recurrente siempre es el mismo.

Olveira no es un perseguido sin poder. Es un dirigente con sotana, con vínculos políticos, con protección simbólica y con un lugar garantizado en la escena pública. Y en la Argentina del conflicto permanente, esa combinación no lo vuelve mártir: lo vuelve operador.