Apurados para garcar al pueblo: en la Rosada comenzaron a apretar a diestra y siniestra para aprobar la Reforma Laboral
La reunión que un grupo de gobernadores opositores buscaba concretar en el Consejo Federal de Inversiones para coordinar una postura común frente a la reforma impulsada por la Casa Rosada terminó desactivada antes de empezar.
Desde Balcarce 50 trabajaron activamente para que ese encuentro no prosperara y evitar así una foto política incómoda.
El Gobierno salió a decir que con la reforma laboral “los trabajadores no van a perder nada”
— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 2, 2026
¿Nada?
Pierden estabilidad laboral.
Pierden protección frente al despido arbitrario.
Pierden indemnizaciones plenas.
Pierden límites claros a la jornada laboral.
Pierden previsibilidad…
A la cumbre solo habían confirmado asistencia mandatarios claramente distanciados del oficialismo, como Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela.
Mientras tanto, el oficialismo ajusta su estrategia en el Senado. Tras una reunión encabezada por Patricia Bullrich con bloques aliados, la mesa política del Gobierno se reunió durante casi dos horas para definir cómo avanzar con el capítulo tributario de la reforma, el punto que más resistencia genera entre los gobernadores por el impacto directo en la coparticipación.
La discusión gira en torno al impuesto a las Ganancias para empresas, un apartado que Luis Caputo no quiere resignar. En ese encuentro, que fue coordinado por Karina Milei, participaron además Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo Menem y Santiago Caputo.
Los gobernadores advierten que podrían perder cerca de 3 billones de pesos en recursos coparticipables si ese capítulo avanza. Frente a esa presión, dentro del oficialismo se analizan tres alternativas: postergar la aplicación hasta 2028, atarla al crecimiento económico o directamente retirar esos artículos para discutirlos más adelante. Sin embargo, en la Rosada insisten en que eliminar ese punto “no es una opción”.
El antecedente inmediato pesa: en diciembre el Presupuesto se aprobó sin el capítulo que buscaba derogar leyes sensibles como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la movilidad de asignaciones familiares y el régimen de zonas frías. En el Gobierno aseguran que no quieren repetir ese escenario.
También descartan coparticipar el impuesto al cheque, uno de los reclamos centrales de las provincias, y dejan trascender que cualquier compensación dependerá de cómo voten los legisladores que responden a los mandatarios.
La reforma sería tratada en el Senado el miércoles 11 junto a los cambios en la ley de glaciares, otro proyecto que genera fuertes críticas. Más de 85 constitucionalistas y académicos advirtieron en una carta al Congreso que la modificación sería inconstitucional. Entre los firmantes figuran Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez.
En paralelo, la salida de Marco Lavagna del INDEC y la marcha atrás con el nuevo sistema de medición de la inflación también sumaron tensión en la previa de la sesión clave.
Mientras tanto, el Gobierno vuelve a apostar a negociaciones individuales con gobernadores. Diego Santilli mantuvo encuentros con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en una búsqueda explícita de respaldo legislativo a cambio de reclamos provinciales vinculados a obras, deudas y bienes del Estado.
Fuera del Congreso, organizaciones sociales y sindicatos comenzaron un plan de lucha con movilizaciones contra la reforma laboral, anticipando un clima de creciente conflictividad social mientras el oficialismo intenta acelerar la sanción de sus proyectos a contrarreloj.








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