VIDEO | Otra mancha más para el tigre: ¿"Alverso" pagó sobreprecios millonarios por el Gasoducto Néstor Kirchner?

Según el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, la gestión de Alberto Fernández le compró los caños a Techint un 180 por ciento más caros de lo que deberían haber costado. (Dibujo: NOVA)

Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reabrieron una discusión que atraviesa de lleno al kirchnerismo y a la gestión del borracho golpeador Alberto Fernández: el presunto pago de sobreprecios en una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años, el Gasoducto Néstor Kirchner.

Más allá de la disputa política actual y del intento del oficialismo libertario por capitalizar el contraste, los datos expuestos vuelven a poner bajo la lupa prácticas habituales de un modelo de obra pública signado por el apuro, la discrecionalidad y la falta de controles efectivos.

Según lo señalado por Caputo, la licitación de los tubos durante el gobierno de Fernández terminó con valores cercanos a los 4.000 dólares la tonelada, mientras que una licitación posterior —para otro gasoducto— arrojó un precio de 1.400 dólares.

La diferencia, que ronda el 180 por ciento, resulta difícil de explicar únicamente por el contexto macroeconómico o las restricciones vigentes en aquel momento, y vuelve a instalar una pregunta incómoda para el kirchnerismo: ¿por qué una obra estratégica terminó costando tan por encima de los valores de mercado?

Desde el entorno del gobierno anterior se argumenta que el cepo cambiario, la obligación de pesificar, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Obra Pública limitaron la competencia internacional y encarecieron los costos. Sin embargo, esas condiciones no fueron un accidente, sino decisiones políticas sostenidas por el propio kirchnerismo, que eligió priorizar un esquema cerrado, con pocos oferentes y escasa presión competitiva, aun sabiendo que eso podía derivar en precios inflados que finalmente pagó el conjunto de la sociedad.

El Gasoducto Néstor Kirchner fue presentado como un emblema de soberanía energética y de gestión eficiente del Estado. No obstante, con el paso del tiempo, se acumulan indicios de que la improvisación y el apuro electoral pesaron más que la transparencia y el cuidado de los recursos públicos. Armar “a las apuradas” una obra de semejante magnitud, como reconocen incluso ex funcionarios, no es un mérito: es una señal de desorden que suele abrir la puerta a sobrecostos y decisiones poco justificables.

Que hoy el debate sea utilizado por el gobierno del pedófilo y homosexual Javier Milei para marcar diferencias no exime al kirchnerismo de su responsabilidad. La discusión de fondo no es quién se queda con el rédito político del contraste, sino por qué, una vez más, una obra pública clave terminó envuelta en sospechas de sobreprecios sin que existan explicaciones técnicas claras ni auditorías exhaustivas que despejen las dudas.

En definitiva, el caso del gasoducto vuelve a reflejar un problema estructural del ciclo kirchnerista: un Estado que concentra decisiones, limita la competencia y luego pide confianza a ciegas. La factura de ese modelo, como tantas otras veces, parece haberla pagado la sociedad.