El escrito, de 708 páginas, describe una estructura jurídica, societaria y bancaria diseñada para convertir, transferir, administrar y disimular fondos de origen ilícito desde 2003 en adelante.

No se trata de operaciones aisladas: la fiscalía afirma que el lavado se alimentó de la asociación ilícita y los cohechos investigados en la causa principal que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada, con juicio oral iniciado en noviembre pasado. La finalidad, según Stornelli, fue integrar los sobornos al circuito formal bajo apariencia de licitud.

Para reconstruir el circuito, fue clave el testimonio del arrepentido Víctor Manzanares, ex contador del matrimonio Kirchner. Su relato aporta números de cuentas, sociedades, montos y frecuencia de entregas: dinero que Muñoz recibía y derivaba a empresas radicadas principalmente en el sur, utilizado para compras inmobiliarias, garajes, hosterías, complejos ecuestres, casas, farmacias y un parque automotor difícil de compatibilizar con cualquier perfil patrimonial declarado.

El expediente subraya que no existe una explicación lícita plausible para el origen de esos bienes. Los imputados carecían de capacidad económica para sostener operaciones de ese volumen, lo que refuerza la hipótesis de lavado autónomo.

El mapa de roles vuelve a colocar a Muñoz como nexo inescindible entre quienes recaudaban y quienes comandaban: entre 2008 y 2010, aparece 87 veces en los Cuadernos recibiendo dinero en el domicilio presidencial y en Olivos. La fiscalía lo califica como “verdaderamente fundamental”.

El cuadro general es el de una corrupción sistémica: funcionarios y organizadores que acordaban con empresarios para obtener ganancias indebidas y luego canalizarlas. En esa nómina, además de los ex presidentes, se mencionan Julio De Vido, Roberto Baratta, Ernesto Clarens y Enrique Wagner, entre otros. El lavado investigado aquí es el capítulo final: dónde fue a parar una porción de lo recaudado.

Los detalles de Manzanares son precisos. Relata intentos de aprovechar marcos regulatorios (Tierra del Fuego), compras en Río Gallegos y Santa Cruz, la adquisición de tres farmacias por 3,7 millones pactados originalmente en euros (conversión mediada por Clarens), y operaciones inmobiliarias en El Calafate. También describe viajes a Miami para comprar departamentos a través de sociedades pantalla y la idea de incursionar en un laboratorio, con transferencias desde cuentas bajo su titularidad hacia terceros.

El expediente suma operaciones en efectivo, subdeclaraciones en papeles y testaferros. Un ejemplo: la tentativa de compra de San Up S.A., con un precio real informado de 34 millones de dólares y registros por montos sensiblemente menores. Otro: el ingreso a una empresa minera mediante actas de socios que incorporaron a Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, como gerente, tras inyecciones millonarias difíciles de justificar, incluso recurriendo a cooperativas para maquillar flujos.

Hay también episodios de repliegue cuando el radar judicial se acercó. Manzanares admite comisiones prometidas y renegociadas, y decisiones de frenar operaciones ante la atención pública. Y describe maniobras de desprendimiento de bienes para borrar huellas, con efectivo que terminó guardado en cajas fuertes sin destino claro.

El pedido de elevación a juicio no inventa consignas: encadena hechos, nombres y cifras. Vuelve a colocar a Cristina Kirchner en el centro político del caso, no por un eslogan, sino por la acusación concreta de haber comandado un sistema que recaudó, ocultó y blanqueó. La discusión que viene ya no es retórica: es probatoria. Y el sótano que se ilumina es el de un poder que supo convertir la cercanía al Estado en una caja paralela.