Fernández explicó que, tras disponer la intervención de la empresa, comenzó a recibir información que —según aseguró— revelaba una trama internacional de “centenares de sociedades fantasmas” vinculadas a maniobras para exportar e importar soja de manera ficticia y lavar dinero.

Recordó que la idea inicial era que el Estado contara con una cerealera que funcionara como empresa testigo dentro del mercado, pero señaló que el panorama cambió cuando el interventor Gabriel Delgado le presentó un esquema del entramado societario que rodeaba a la firma.

Según su relato, al dimensionar el costo que implicaría expropiar la compañía y compensar a los accionistas, entendió que el Estado debía afrontar un desembolso de “muchos cientos de miles de millones de dólares”. “Cuando vos expropiás, le tenés que pagar al accionista”, subrayó.

También indicó que, si bien existían deudas a favor del Estado a través del Banco Nación y la AFIP, esos montos estaban lejos de cubrir lo que demandaría la operación. Por eso, afirmó que decidió retroceder.

“Lo peor que nos podía pasar era que encima les paguemos a estos estafadores para quedarnos con este desastre”, expresó.

El exmandatario sostuvo que durante años fue señalado como “tibio” por haber desistido, y defendió su decisión como un acto de resguardo de los recursos públicos. Además, hizo referencia a las causas judiciales abiertas en torno al caso, señalando que varios involucrados se encuentran procesados, incluido el directorio del Banco Nación.