La decisión judicial avaló al gobierno provincial para suspender los aportes públicos mientras avanza una causa que investiga pagos de salarios a docentes que no prestaban servicios efectivos y la duplicación de sueldos entre Chaco y Santa Cruz.

El esquema no es menor: en ambas provincias se detectaron más de 70 docentes cobrando doble, incluido el propio Molina como director de la institución. Un modelo de gestión muy conocido en el kirchnerismo: militancia, cargos cruzados y controles mínimos.

La Cámara fue lapidaria. Valdocco no pudo acreditar la existencia real de los cargos docentes que decía sostener: solo presentó documentación respaldatoria de siete maestros, pese a recibir fondos para casi cien. Además, los jueces cuestionaron que la fundación se arrogara la representación de la comunidad wichi sin pruebas formales. Cuando el discurso épico se enfrenta a la contabilidad, el relato empieza a hacer agua.

Los números explican parte del problema. Según fuentes oficiales, Chaco transfería más de 130 millones de pesos mensuales en sueldos a la fundación. Sin embargo, durante inspecciones realizadas en junio y octubre, funcionarios constataron apenas diez personas trabajando en la sede, mientras se seguían pagando salarios correspondientes a casi cien empleados. El resto, como tantas veces, parecía existir solo en planillas.

El caso se volvió todavía más incómodo cuando se cruzaron datos con Santa Cruz. Allí, la fundación nació y creció hace más de veinte años con fuerte respaldo estatal, primero bajo la gobernación de Alicia Kirchner, y luego como parte del entramado social y político del kirchnerismo patagónico.

Tras el cambio de signo político en 2024, la administración provincial denunció irregularidades en el manejo de fondos y detectó inconsistencias graves entre las partidas para alimentos y el número real de beneficiarios, poniendo bajo revisión transferencias que rondaban los 500 millones de pesos mensuales.

Frente al fallo adverso, Molina activó el libreto conocido. Habló de “persecución política y racial”, denunció abuso de poder y volvió a colocar en escena a los pueblos originarios como escudo discursivo. Incluso anunció que recurrirá al Superior Tribunal del Chaco, a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se corta el financiamiento, la estrategia pasa del expediente a la victimización internacional.

Desde el gobierno chaqueño, el coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez fue concreto: niveles educativos que no funcionaban, docentes sin alta, y un titular de fundación que hacía campaña en Santa Cruz mientras cobraba como rector en Chaco. Una postal que resume la confusión entre política, gestión social y recursos públicos.

El fallo no condena penalmente a Valdocco, pero marca algo que al kirchnerismo le cuesta aceptar: la asistencia social no habilita desorden administrativo ni privilegios eternos. La Cámara exigió que la fundación informe el número real de beneficiarios y dejó claro que el Estado no está obligado a financiar estructuras que no pueden justificar lo que cobran.

En un movimiento que desnuda una lógica más amplia, la caída del amparo expone cómo muchas organizaciones amparadas por el poder K sobrevivieron más por alineamiento político que por transparencia. Cuando cambia el viento y la Justicia decide mirar, la mística se evapora y quedan los números. Y los números, esta vez, no cerraron.