El escenario no es nuevo. Año tras año, las emergencias se repiten con la misma postal: equipamiento mínimo, personal sobreexigido y un Estado nacional que aparece tarde, mal o directamente no aparece.

A esa precariedad histórica ahora se suma una política de recortes sistemáticos impulsada por el gobierno de Javier Milei, que continúa desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el organismo clave para la prevención y el combate de incendios en áreas naturales.

Mientras Epuyén y El Hoyo atraviesan momentos críticos y otras zonas como El Chaltén también registran focos activos, organizaciones ambientalistas denunciaron que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego volverá a sufrir un recorte real en 2026, además de una persistente subejecución de partidas.

Según detallaron 18 organizaciones, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 20.131 millones de pesos, lo que representa una caída real del 69 por ciento respecto de 2023 y del 78 coma 5 por ciento frente a 2025.

El ajuste se profundiza si se observa la ejecución: durante 2024 apenas se utilizó el 22 por ciento del presupuesto asignado, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.

La situación no mejoró en 2025. De acuerdo con el mismo informe, quedó sin ejecutar el 25 por ciento de los recursos disponibles, una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas y personal operativo.

El comunicado fue firmado por organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras.

El ajuste también impacta en las capacidades operativas. Las metas físicas del organismo muestran una fuerte reducción en las horas de vuelo para tareas de control y combate aéreo: de 5.100 horas programadas en 2023, solo se ejecutaron 3.058, y para 2026 se proyectan apenas 3.100.

A esto se suma un recorte en los sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgo, herramientas fundamentales para anticipar emergencias. Los informes previstos caerían de 2.310 en 2025 a apenas 1.850 en 2026.

Como si el desmantelamiento presupuestario no fuera suficiente, el mes pasado el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno avanzará en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020.

Esa norma impide durante un período de entre 30 y 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados, muchas veces bajo sospecha de incendios intencionales.

Milei ya había anticipado su intención de eliminar esa ley apenas asumió, y legisladores libertarios presentaron proyectos para avanzar en ese sentido. En las últimas horas, el oportunista Máximo Kirchner reclamó públicamente que el Presidente desista de esa iniciativa.

“La única actividad que esta ley desincentiva es la de prender fuego para expulsar productores y entregar tierras al lobby inmobiliario o a grandes intereses económicos. Negocio para pocos, desastre para muchos”, advirtió el autor de la norma.

Con bosques en llamas, comunidades en riesgo y brigadistas trabajando al límite, el ajuste no aparece como una política abstracta sino como una decisión concreta que se mide en hectáreas quemadas, viviendas perdidas y vidas expuestas.

La Patagonia vuelve a pagar el costo de un Estado que se retira cuando más se lo necesita.