El planteo del ex presidente de la Cámara de Diputados omite un dato central: Cristina Kirchner no es una ciudadana común sometida a arbitrariedades del Estado, sino una ex jefa de Estado con una condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta, dictada tras años de proceso judicial, múltiples instancias de revisión y pleno ejercicio del derecho de defensa.

La decisión de la Casación de no habilitar la feria judicial para tratar el planteo no implica una negación del acceso a la Justicia, sino la aplicación de criterios procesales habituales. La feria existe para resolver cuestiones urgentes y excepcionales, y la Justicia consideró que las condiciones de la prisión domiciliaria -que incluyen controles y limitaciones acordes a una condena penal- no encuadran en una situación de riesgo inminente para la libertad personal.

Lejos de denunciar un atropello institucional, el discurso de Moreau vuelve a inscribirse en una estrategia conocida del kirchnerismo: presentar cualquier decisión judicial adversa como persecución política, lawfare o ruptura del Estado de Derecho. Una narrativa que busca deslegitimar a los tribunales cuando no fallan a favor propio, pero que se silencia frente a causas cajoneadas, jueces amigos o beneficios procesales obtenidos durante años de poder.

Resulta llamativo que quien hoy habla de “ley del más fuerte” haya guardado silencio cuando el poder político avanzó sobre la Justicia, impulsó reformas para disciplinar magistrados o utilizó organismos del Estado para presionar opositores y periodistas. También que se invoque el derecho internacional sin mencionar que ninguna corte supranacional ha declarado ilegítima la condena contra Cristina Kirchner.

La pregunta que queda flotando no es para qué existe un tribunal de feria, como plantea Moreau, sino hasta cuándo una parte de la dirigencia política insistirá en colocarse por encima de la ley.