La Casa Rosada, que hasta ayer jugaba a la teoría del complot internacional, pasó a full modo blindaje judicial.

No se trata ya de si Karina cobró coimas por medicamentos para discapacitados, escándalo suficiente como para tumbar cualquier gobierno serio, sino de algo aún más corrosivo: que la pastelera del poder libertario haya confesado, aunque sea en confianza, que su hermano no está en condiciones mentales de gobernar un país.

El prescindente, fiel a su estilo de barra brava con banda presidencial, respondió a todos estos temas como siempre: gritos de “mentira”, acusaciones a servicios extranjeros y una censura judicial exprés que haría sonrojar a la dictadura más rústica.

Porque si algo quedó claro es que Milei puede tolerar que lo acusen de corrupto, pero no que lo retraten como lo que muchos sospechan: un desequilibrado al mando del país que habla con su perro fallecido.

Mientras tanto, la interna libertaria se cocina a fuego fuerte: Victoria Villarruel mueve fichas con paciencia de ajedrecista, la Justicia opera como delivery del Ejecutivo y Karina se convierte en el verdadero talón de Aquiles del “hombre nuevo” que prometía refundar la política argentina.

La contradicción es grotesca: un gobierno que se proclama la libertad hecha carne es el que inaugura la censura previa en la Argentina democrática.

Y si de salud mental se trata, la escena es de manual: un país entero obligado a fingir normalidad mientras su prescindente lanza teorías conspirativas, su hermana trata de esconder audios comprometedores y sus votantes comienzan a preguntarse si el experimento libertario no terminó siendo más una sesión de psiquiatría que un proyecto político.