El documento 700 del caso deja en claro que Argentina debe proporcionar información clave para identificar y ejecutar activos del Estado, incluyendo comunicaciones y documentación de funcionarios relacionados con YPF.

Preska fue tajante: “la moción de la República no presenta argumentos suficientes para restringir la amplitud del descubrimiento de pruebas, y no demuestra que la información solicitada sea inaccesible o irrelevante para las reclamaciones de los demandantes”. Es decir, Milei no puede seguir escondiéndose detrás de excusas legales mientras el país se desangra económicamente.

La Procuración del Tesoro calificó la decisión como “equivocada” y anunció que evaluará todas las vías legales para impugnarla. Sin embargo, la realidad financiera del país no espera: reservas limitadas, inflación récord y un dólar que no deja de subir hacen que cada retraso judicial se sienta como un golpe económico directo al bolsillo de los argentinos.

La Corte fijó además una audiencia de seguimiento para el 4 de septiembre de 2025, donde se definirá cómo continuará el proceso y si se implementarán nuevas medidas de descubrimiento de pruebas.

El fallo se produce en medio del prolongado litigio por la expropiación de YPF en 2012, en el que la justicia estadounidense había ordenado la entrega del 51 por ciento de las acciones de la empresa como parte de la ejecución de un fallo por 16.1 mil millones de dólares.

Aunque esa entrega está temporalmente suspendida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, Preska recuerda: “la República Argentina debe cumplir con sus obligaciones procesales, incluso frente a argumentos de inmunidad soberana o restricciones legales internas”.

Mientras Milei habla de “libertad económica” y recortes al gasto, el país enfrenta riesgo de default, fuga de capitales y un sistema financiero tambaleante. La justicia estadounidense no tiene paciencia: el fallo de Preska deja en evidencia que la gestión actual no solo hereda problemas históricos, sino que los agrava con dilaciones y descuidos.