La denuncia apunta que la decisión del juez fue tomada sin siquiera escuchar los audios cuya difusión prohibió, lo que implicaría un accionar arbitrario y contrario a los estándares de razonabilidad exigidos tanto por la Corte Suprema como por el sistema interamericano de derechos humanos.

En este sentido, Míguez denuncia que se vulneró el derecho ciudadano a acceder a información de interés público y se blindó políticamente a una funcionaria.

Además de cuestionar el fallo, la denuncia resalta el pedido del Gobierno de que los medios de comunicación y plataformas digitales colaboren para garantizar la prohibición, imponiéndoles un rol de censores. Para Míguez, esta exigencia viola los estándares internacionales de libertad de expresión y remite a prácticas autoritarias de control del discurso.

Contexto de la medida judicial

La resolución cuestionada surgió a partir de un pedido del Poder Ejecutivo que, en un escrito de 20 páginas, exigió “medidas cautelares urgentes” para impedir nuevas filtraciones. El Gobierno advirtió que la difusión de esos audios violaría el artículo 239 del Código Penal y pidió expresamente la prohibición de publicarlos en medios, redes sociales y plataformas digitales.

Riesgo institucional y precedentes

La denuncia de Míguez sostiene que aceptar una prohibición preventiva de este tipo implicaría retroceder décadas en materia de libertades civiles, dejando un precedente peligroso: que un juez pueda limitar la circulación de información de interés público con el simple argumento de la “ilegalidad de la fuente”. Según el denunciante, esto transforma al Poder Judicial en una herramienta funcional al poder político.

El rol del periodismo

Para Míguez, la decisión intenta forzar a los medios de comunicación a actuar como “censores” del Gobierno, una práctica que vulnera estándares internacionales de libertad de expresión.

La presentación cita jurisprudencia de la Corte Suprema y del sistema interamericano que prohíben expresamente la censura previa, salvo en casos excepcionales como discursos de odio, apología del delito o protección de menores.

Testigos y pruebas solicitadas

El escrito presentado ante la Justicia también pide que sean citados a declarar periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, además de representantes de entidades como FOPEA y ADEPA, para que aporten testimonio sobre el impacto de la medida.

A su vez, solicita copia certificada de la resolución firmada por Marianello y oficios a organismos de prensa para verificar si recibieron la orden judicial.

Conclusión de la denuncia

El texto remarca que el fallo configura un caso de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y prevaricato (artículo 269). Según Míguez, la decisión judicial atenta contra la libertad de prensa, el derecho ciudadano a saber y el interés público, transformando a la Justicia en un escudo político. “Callar no es justicia, prohibir informar menos aún”, concluye el denunciante.