El Gobierno de Milei desoye la Justicia y deja en vilo a 350 mil familias de barrios populares
El ajuste brutal en la obra pública impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha dejado a casi 350 mil familias de barrios populares sin acceso a servicios básicos como agua, cloacas, energía eléctrica y viviendas dignas.
La paralización de más de 30 mil obras, financiadas hasta 2023 por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), evidencia el desinterés de la gestión libertaria por los sectores más vulnerables.
Tengo miedo de mirar mucho la cara de Sebastian Pareja y que se me desintegre la billetera.
— Ramiro Giganti (@RamiroGiganti) August 28, 2025
La pinta de garca que tiene es descomunal
En el centro de esta controversia está Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana y operador clave de Karina Milei, quien se niega a cumplir una orden judicial que lo obliga a presentar un plan alternativo para reactivar estas obras.
Desde noviembre de 2024, el juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, hizo lugar a una cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en representación de vecinos de 39 barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La medida ordenaba al gobierno elaborar en tres meses un plan para completar las obras paralizadas por el desfinanciamiento del FISU.
Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, primero, y la subsecretaría a cargo de Pareja, después, ignoraron los oficios judiciales de febrero y abril.
El 8 de mayo, en un acto de desafío abierto, Milei decretó la disolución del FISU, trasladando sus recursos al Tesoro Nacional para “libre disponibilidad”.
Esta maniobra fue interpretada por el CELS como un incumplimiento deliberado de la cautelar.
En respuesta, el juez Heim suspendió la liquidación del fondo y multó a Pareja con 200 mil pesos diarios hasta que presente el plan exigido.
Lejos de acatar, los abogados del Estado apelaron, cuestionando la competencia del juzgado y argumentando que los 39 barrios no comparten “intereses homogéneos”, pese a estar registrados en el mismo Renabap y tener necesidades similares.
El gobierno también justificó su inacción alegando que las obras se retomarán “una vez cumplido el esquema de priorización” y según la “situación económico-financiera” del país.
Un discurso que, para el CELS y el defensor público Pablo Lega, no hace más que eludir responsabilidades.
Ante la persistente desobediencia, Heim emitió un nuevo oficio el viernes pasado, dando a Pareja un plazo “perentorio e improrrogable” de 10 días para informar si existe alguna política alternativa que garantice la integración socio urbana.
Mientras tanto, las familias de estos barrios siguen esperando. La negativa de Pareja a cumplir con la Justicia no solo profundiza la desigualdad, sino que pone en jaque el Estado de derecho.
En un contexto de ajuste y desmantelamiento de políticas sociales, la resistencia de los vecinos y las organizaciones que los representan se vuelve un faro de lucha contra el abandono estatal.
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