El núcleo del escándalo es tan grave como indignante: la presunta existencia de negocios indebidos y cobro de coimas con el dinero destinado a los más vulnerables, las personas con discapacidad. Pero más allá de lo que resuelva la Justicia, una evidencia documental incontestable pinta un cuadro de descontrol institucional alarmante.

Una carta reveladora

El martes 8 de julio de 2025, Cecilia Loccisano, viceministra de Salud de la Nación y segunda de Mario Lugones, le envió una nota a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad. El documento, al que tuvo acceso Agencia NOVA, es explosivo. Loccisano le solicita formalmente a Spagnuolo que informe de manera urgente los precios pagados y los medicamentos adquiridos para el programa Incluir Salud, el más importante de compra de medicamentos de esa área.

La solicitud no fue un hecho aislado; el Ministerio de Salud envió pedidos similares a varios hospitales públicos. La conclusión es inevitable: el área de Discapacidad operaba por fuera del control del sistema de compras del Ministerio de Salud. Los contratos, las licitaciones y los precios no se exhibían en los portales digitales oficiales, como manda la Ley. Todo era opaco. Todo alimenta la “fantasía” —o la pesadilla— de una operación opaca.

La pregunta que se impone es: ¿por qué la viceministra de Salud tenía que pedir por escrito información que debería ser pública y de acceso inmediato? Y, lo más crucial, ¿Spagnuolo respondió? Aparentemente, no. La desobediencia dentro de un mismo Gobierno no es un detalle menor; es la prueba de un feudo inexpugnable y autónomo que funcionaba con reglas propias.

La interna: Caputo, el “Mago del Kremlin”

El malestar por los audios fracturó la frágil calma del Gobierno y desató una guerra sin cuartel. “Lule” Menem se siente acorralado y abandonado. En privado, se queja amargamente de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, no sale a defenderlo. Pero su verdadero blanco de ira es otro: Santiago Caputo.

En los pasillos del poder, Menem se refiere a Caputo. Y su queja es un misil directo al centro del poder real: “Mi principal enemigo, el mago del Kremlin [Santiago Caputo] maneja la SIDE, maneja la Justicia y maneja la relación con la prensa. ¿Cómo me voy a defender sin ninguno de esos tres instrumentos?”.

La denuncia de Menem es gravísima: acusa a un hombre que no es funcionario público —solo tiene un contrato de locación de servicios con la Secretaría General— de controlar el servicio de inteligencia, el Ministerio de Justicia y la prensa. Y lo más alarmante es que esta acusación no proviene de la oposición, sino de uno de los operadores clave del Gobierno.

Esta versión cobró un estatus cuasi oficial la semana pasada en el recinto de Diputados. La diputada oficialista Marcela Pagano, en medio de una sesión y ante la atónita mirada de sus pares que no objetaron nada, declaró abiertamente que la pulseada actual se debe a que “quieren sacar a Santiago Caputo de la SIDE”. La afirmación pasó sin questions, un silencio cómplice que normaliza una situación aberrante: que un particular maneje un organismo de inteligencia desde las sombras.

Pagano, dicho sea de paso, es esposa del abogado Franco Bindi, uno de los sospechosos de haber realizado las grabaciones y filtrado los audios. Su conflicto personal con otra diputada oficialista, Lilia Lemoine, añade otra capa de complejidad al intrincado rompecabezas. Se sabe que Lemoine ganó una proximidad inusual con el presidente Milei, acompañándolo incluso en sus movidas luego de actos públicos. Es ella, se especula, quien hoy nutre la visión del Presidente sobre la vida parlamentaria.

El descontrol del espionaje: la bicameral ausente

El meollo del conflicto excede la interna. Tocó la llaga de un problema estructural y gravísimo: el descontrol absoluto de los organismos de inteligencia. La propia secretaria general de la Presidencia y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió en privado que el espionaje estatal es “un descontrol”.

Ante este panorama, surge una pregunta obligada: ¿Dónde está la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia? ¿Dónde está su presidente, Martín Lousteau? Su silencio y la inacción de la comisión que preside son ensordecedores. Mientras se libra una batalla por el control de la SIDE con actores extraoficiales, el órgano designado por el Congreso para fiscalizar brilla por su ausencia.

La combinación es letal: negocios opacos en el Estado, una guerra interna por el control del espionaje y un Poder Legislativo que mira para otro lado. El Gobierno, que llegó al poder prometiendo transparencia y terminar con los privilegios, hoy está sitiado por los mismos demonios que dijo vencer. La pregunta que queda flotando en el aire es quién, si alguien, podrá tomar el control de un poder que se le escapa de las manos.