Maraniello, con seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura, actuó con una celeridad sospechosa tras la denuncia presentada por los abogados de Patricia Bullrich. En tiempo récord, prohibió la difusión de los audios “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Además, ordenó un oficio urgente al Enacom, con habilitación de días y horas inhábiles, como si la urgencia fuera salvar al Gobierno de un papelón.“El tipo está hasta las bolas con las denuncias. No es raro que haya firmado esto arrastrándose con el gobierno a ver si alguien lo zafa”, confió a los medios una fuente judicial, con el sarcasmo que ya es moneda corriente en Tribunales.

Allí, la “casualidad permanente” es la explicación irónica para que la denuncia de Bullrich cayera en manos de un juez que, para no ser destituido, parece necesitar el guiño del Ejecutivo. El historial de Maraniello es un catálogo de horrores.

La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial llevó al Consejo el caso de una trabajadora que lo denunció por acoso sexual. Según la víctima, el juez la hostigó para concretar encuentros fuera del horario laboral, sometiéndola a “tocamientos y besos no consentidos”.

La empleada relató que, para escapar del acoso, terminó cediendo a relaciones sexuales. Los hechos, denunciados en la Unidad de Bienestar Laboral del Fuero Contencioso Administrativo Federal, llegaron a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

Aunque la víctima no quiso iniciar una acción penal, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podría tratarse de un delito de acción pública y lo derivó a Carlos Stornelli y María Servini.

En las redes, Maraniello ya fue bautizado como el juez Baru Budu Budía, en alusión al apodo que Tato Bores dio a María Servini en 1992, cuando ella censuró su programa.

Mientras, el Consejo de la Magistratura sigue investigando al juez desde el 14 de agosto por abuso de poder, maltrato y manejo indebido de recursos públicos. La Corte, por su parte, evita pronunciarse, alegando que se trata de una “causa judicializada”.