El problema radica en las fallas del sistema de órdenes médicas electrónicas (OME), que impide a los médicos cabecera generar las derivaciones necesarias para que los pacientes puedan acceder a especialistas y estudios.

Según denuncian los afiliados, cuando los profesionales intentan emitir una OME, el sistema responde que ya han superado el límite mensual permitido, pese a que recién comienza el mes y muchos pacientes nunca fueron atendidos.

Esta situación genera un círculo vicioso que deja a los jubilados y pensionados más vulnerables sin la cobertura médica que necesitan.

Desde la Unidad de Gestión Local XI (UGL XI) con sede en Mar del Plata, las autoridades regionales reconocieron la problemática pero se limitaron a indicar que deben continuar con esta modalidad hasta recibir nuevas directivas del nivel central.

Según un audio atribuido a Adriana Gregorutti, referente regional, la instrucción es mantener el estado actual hasta que se expida la conducción nacional del organismo. "Vamos a seguir como hasta el viernes. Vamos a evaluar en cada lugar lo que sea absoluta urgencia. Eso lo van a hacer los médicos auditores", dijo Gregorutti.

Y aclaró: "Si tienen dudas de qué sería urgencia o no, lo consultan antes, pero solo las urgencias se van a hacer hasta que tengamos novedades".

"Para poder evaluar si es urgencia o no, no se va a tomar ningún caso que no venga con la justificación de por qué se está pidiendo ese estudio o esa orden", cerró la referente regional.

Esta crisis se enmarca en el contexto de los ajustes presupuestarios implementados por el gobierno nacional, que incluyen el recorte del 3 por ciento en el presupuesto de la obra social.

Los especialistas vinculan directamente estas medidas con las limitaciones en el sistema de atención, que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Los recortes en PAMI no se limitan al sistema de órdenes médicas. Desde el inicio de la gestión actual, la obra social eliminó la cobertura del 100 por ciento en medicamentos y implementó un sistema de seguimiento patrimonial que incluye la antigüedad de los vehículos de los afiliados, exigiendo que no superen los 10 años para mantener ciertos beneficios.

Otro cambio significativo afectó el sistema de distribución de pañales para adultos mayores.

El mecanismo anterior permitía a los afiliados retirar estos productos directamente en las farmacias prestadoras.

Ahora, el servicio se terciarizó a través de la distribuidora Sol Urbano, que debe entregar los pañales a domicilio, generando demoras y reclamos constantes por la falta de cumplimiento en tiempo y forma.

El jefe de gabinete nacional, Guillermo Francos, había anticipado el impacto de estas medidas al detallar la cantidad de amparos judiciales presentados por la falta de entrega de medicamentos en las 38 Unidades de Gestión Local que PAMI tiene distribuidas en todo el país.

Los números correspondientes a Mar del Plata se consideran particularmente alarmantes según las fuentes consultadas.

La situación también afecta a los hospitales zonales que trabajan con la obra social.

El Hospital Houssay, por ejemplo, enfrenta dificultades para contar con anestesistas pagos por PAMI, lo que complica la realización de intervenciones quirúrgicas programadas para los afiliados.

Hasta el momento, ni el director nacional Esteban Leguizamo ni el director de la UGL XI Mar del Plata, el abogado Javier Carlos Vallejos -quien asumió el cargo en febrero de 2024-, han emitido resoluciones oficiales que aclaren la situación del sistema de órdenes médicas electrónicas o establezcan plazos para su normalización.

La crisis actual expone las consecuencias de las políticas de ajuste en el sector de la seguridad social, donde los principales afectados son los jubilados y pensionados que dependen exclusivamente del sistema público de salud para acceder a tratamientos médicos esenciales.