El juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, en un fallo polémico y sin precedentes, ordenó el cese inmediato de la difusión de dichos audios en cualquier medio, ya sea escrito, audiovisual o en redes sociales.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el juez argumentó que la difusión de estos audios constituye una “violación grave a la privacidad institucional” y no un ejercicio de la libertad de expresión.

Sin embargo, lo que resulta particularmente inquietante es que el juez admite no conocer el contenido de los audios, lo que pone en duda la legitimidad de su decisión.

¿Cómo puede un magistrado determinar el supuesto daño de un material que no ha evaluado? Este razonamiento, basado en el vago concepto de “peligro en la demora”, carece de sustento y abre la puerta a una censura arbitraria.El fallo de Maraniello no es un hecho aislado.

El Gobierno, a través de una denuncia presentada por un funcionario cercano a Patricia Bullrich, solicitó medidas drásticas en el fuero penal federal, incluyendo allanamientos a medios de comunicación y periodistas.

Entre los objetivos están el medio Carnaval Stream, donde se difundieron los audios, así como los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el abogado Franco Bindi y el empresario Pablo Toviggino.

La solicitud de incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición y dispositivos electrónicos no solo busca silenciar a los involucrados, sino que envía un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa: informar puede tener consecuencias graves.

Esta ofensiva contra los medios no puede interpretarse más que como un intento deliberado de controlar la narrativa pública y suprimir cualquier voz crítica.

La libertad de prensa es un pilar esencial de cualquier democracia, y su limitación bajo pretextos de “privacidad institucional” o “seguridad” es un recurso clásico de regímenes que buscan consolidar su poder, en momentos en que el Gobierno está en el ojo de la tormenta por la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La vaguedad de los argumentos judiciales y la celeridad con la que se emitió el fallo sugieren una coordinación preocupante entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial, lo que pone en riesgo la independencia de este último.

La censura impuesta por el Gobierno de Milei no solo afecta a los medios y periodistas señalados, sino que tiene un efecto disuasorio sobre toda la sociedad.

Cuando se prohíbe la difusión de información de interés público —sin siquiera conocer su contenido— se vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Los audios en cuestión, grabados en la Casa Rosada según Adorni, podrían contener información relevante sobre el funcionamiento de la gestión libertaria, y su censura sin justificación clara refuerza la desconfianza.

En un contexto donde la confianza en las instituciones democráticas ya está debilitada, estas acciones representan un retroceso alarmante.

La prensa libre no es un lujo, sino una herramienta esencial para fiscalizar el poder y garantizar la transparencia.

El Gobierno de Milei, lejos de fortalecer la democracia, parece optar por el camino de la intimidación y el control.