El ciudadano Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia penal contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Daniel Tillard, titular del Banco de la Nación Argentina, por adjudicar sin licitación pública un contrato de mantenimiento y provisión de equipos de seguridad informática a Tech Security SRL.

Se trata de la firma familiar de Menem, por un monto superior a 3900 millones de pesos. La presentación acusa a ambos funcionarios de abuso de autoridad, tráfico de influencias y violación de la ética pública.

Según la denuncia, Menem (quien habría transferido sus acciones a sus hermanos días antes de asumir la presidencia de la Cámara) mantendría el control efectivo de la empresa, infringiendo el “período de sospecha” previsto en la Ley de Ética Pública para evitar conflictos de interés tras la asunción de un cargo público.

Mussa solicita además que se cite a declarar a los responsables del área de compras del Banco Nación y se inicie una investigación interna que, de confirmarse las irregularidades, podría derivar en un jury político.

El episodio se produce en un contexto de crecientes críticas al oficialismo libertario por prácticas que consideran contradictorias con su discurso anticorrupción. Para sus detractores, la adjudicación directa a Tech Security SRL representa un “menemismo reciclado”, donde renovadas estructuras de poder reproducen viejos métodos de nepotismo y favoritismo.

Por su parte, desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aún no emitieron respuesta oficial. Se espera que en las próximas horas tanto Menem como Tillard ofrezcan su versión de los hechos ante la Comisión de Ética Pública de la Cámara de Diputados, instancia a cargo de evaluar la procedencia de posibles sanciones.

Caputo contrarreloj en pleno año electoral

El derrumbe de las herramientas de intervención del Banco Central (LEFI) y la fuerte suba del dólar en julio tensionan el entramado económico y político de cara al próximo calendario electoral.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, enfrenta críticas internas por los “errores no forzados” en la gestión cambiaria, mientras el equipo oficial intenta amortiguar el impacto de una divisa que acumuló un alza del 14 por ciento en el mes.

Fuentes del sector supermercadista del interior revelaron que varias cadenas comenzaron a rechazar “listas de precios picantes” con incrementos de entre el 4 y el 9 por ciento, muy por encima del ritmo de la inflación.

Esta negativa pone de manifiesto el desfasaje entre los costos de abastecimiento y la capacidad de traslación de precios al consumidor, un cuello de botella que amenaza con profundizar la desaceleración del consumo.

La maniobra del Central (desmontar discrecionalmente parte de su esquema de intervención) fue interpretada por analistas financieros como un retroceso tácito que desnuda la fragilidad de la estrategia oficial.

La Casa Rosada, según voceros partidarios, busca minimizar repercusiones antes de que el “ruido electoral” se intensifique; pero la falta de explicaciones públicas agudiza la desconfianza de inversores y agitadores de mercado.

En este contexto, la economía argentina transita un sendero cada vez más resbaladizo: con el dólar en alza, la inflación sin control pleno y la cercanía de comicios clave, el Gobierno deberá ensayar nuevos equilibrios para evitar que la volatilidad cambiaria y la resistencia de la cadena de abastecimiento deriven en un freno brusco de la actividad económica.