¿El resultado? El comercio ilegal de semillas, ese jugoso negocio de millones de dólares, se frota las manos mientras el campo se pregunta si esto es una reforma o un chiste malo.

Esto podría dispararse sin un organismo técnico que lo regule, poniendo en riesgo la calidad y trazabilidad de la producción agrícola.

Pero la “motosierra” no se detiene ahí.

El decreto disuelve la Agencia Regulatoria del Cannabis (Ariccame), pasando sus competencias al Ministerio de Economía y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y elimina el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), concentrando más poder en el endeudador serial Luis Caputo, quien inicialmente resistió estas medidas por temor a tensiones con el sector rural.

Organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), no desaparecen pero pierden su autarquía, quedando subordinados a secretarías del Ejecutivo.

El INTA, por ejemplo, será un ente desconcentrado bajo Agricultura, mientras que el INTI se convertirá en una unidad de la Secretaría de Industria.

El gobierno justifica este ajuste acusando a estos organismos de ineficiencia, burocracia y duplicación de funciones.

Sin embargo, la centralización de recursos y decisiones en el Ejecutivo, lejos de agilizar, podría debilitar la capacidad técnica y operativa de instituciones clave.

El gobierno, con su habitual "humildad", culpa a estos organismos de ser nidos de ineptos y duplicidad, justificando esta masacre como un ahorro épico.

Pero ¿quién necesita regulación seria o investigación agrícola cuando podemos tener un Ejecutivo todopoderoso? La “libertad” de Milei, al parecer, huele a caos y a improvisación. ¡Aplausos para el circo!