Política
Conflictivo armado electoral

La Libertad Avanza armó boletas con empleados públicos: ¿gobierno pequeño o casta estatal reciclada?

Casi la mitad de los candidatos del frente en la provincia de Buenos Aires son trabajadores del Estado. Entre denuncias por “venta de listas” y uso del aparato público, se desmorona su retórica “anticasta” (Dibujo: NOVA).

Casi el 50 por ciento de los candidatos de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre son empleados públicos: figuras vinculadas al ANSES, el PAMI y el Ejecutivo nacional. El armado de Karina Milei y Sebastián Pareja priorizó nombrar militantes y afiliados del aparato estatal antes que incorporar referentes del sector privado o independientes.

La formación liberal, que se presenta como paladín del recorte del Estado y la reducción de la burocracia, evidencia una contradicción flagrante. Su discurso anti-establishment contrasta con la incorporación de ex candidatos, familiares y funcionarios estatales a cargos jerárquicos en ANSES, donde se registraron casi 120 nombramientos.

La interna bonaerense también está atravesada por acusaciones al núcleo orgánico del partido. Desde adentro se denunció que Sebastián Pareja y su mano derecha, Alejandro Carrancio, negociaron listas y vendieron candidaturas en dólares, tras relegar a liberales genuinos en favor del kirchnerismo local.

Criticada por enriquecerse con el aparato estatal, La Libertad Avanza confronta su propia narrativa de “neorrevolución liberal”: mientras propone reducir el peso del Estado, lo que hace es expandir su influencia usando recursos públicos para proyectos electorales.

El armado electoral bonaerense de Milei se consolida sobre una estructura estatal reciclada, no sobre la innovación o la meritocracia que tanto proclama. Una incoherencia que erosiona su credibilidad frente a un electorado ávido de transparencia y de renovación política.

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