El fallo, conocido este jueves, ratifica las internas como “único método” para elegir candidatos, conforme a la carta orgánica de la UCR, y pone en jaque la estrategia de De Loredo, quien encabeza el sector Generación X.

Este grupo buscaba evitar la competencia interna y negociar alianzas electorales desde una posición de fuerza, pero la Justicia respaldó la postura de Más Radicalismo, un núcleo opositor que exigía el cumplimiento del cronograma electoral.

Las audiencias del 28 y 29 de julio dejaron en evidencia la intransigencia deloredista, que apostó por una “decisión política” con un respaldo normativo débil, según el juez.

La resolución judicial expone las maniobras de De Loredo para consolidar su liderazgo en la UCR cordobesa a costa de la democracia interna.

Su intención de sellar una alianza con los libertarios de La Libertad Avanza, o incluso con el PRO, queda frustrada, ya que el plazo para formar coaliciones vence el 7 de agosto, tres días antes de la interna.

El deloredismo ahora debe decidir entre presentar listas para la interna –con plazo hasta este viernes a las 15– o apelar ante la Cámara Nacional Electoral, una vía que genera escepticismo incluso entre sus aliados.

Ahora, las críticas apuntan a la “mala praxis” de la mesa chica de De Loredo, acusada de subestimar la oposición interna y confiar ciegamente en el resultado del congreso partidario que avalaba sus planes.

Los principales señalados son Juan Manuel Mocoroa, apoderado de la UCR e imputado en la Causa Correo, y Esteban Bría, exconcejal y hombre de extrema confianza del diputado, cuya gestión al frente de la estrategia ha generado malestar.

El traspié de De Loredo no es solo personal; refleja las profundas divisiones que atraviesan a la UCR cordobesa, un partido que históricamente fue un pilar del poder mediterráneo.

La ambición del diputado por alinear al radicalismo con fuerzas externas, como el libertarismo, chocó con la resistencia de sectores que defienden la identidad y los procesos democráticos del partido.

La interna del 10 de agosto será, entonces, mucho más que una disputa por candidaturas: será un referéndum sobre el liderazgo de De Loredo y su proyecto político.

Mientras el diputado busca reposicionarse, la Justicia le recuerda que el poder no se ejerce desde la lapicera, sino desde el respeto a las reglas democráticas.