La investigación se basa en los registros de los choferes oficiales, cuyas anotaciones apuntan a al menos cinco encuentros en los que Álvarez habría recibido bolsos con dinero destinados al financiamiento de campañas políticas y al pago de dádivas relacionadas con adjudicaciones de obra pública. Según fuentes judiciales, estos encuentros se prolongaron entre 2015 y 2017.

El análisis patrimonial del exfuncionario revela un crecimiento exponencial de sus bienes. Mientras que en 2003 declaró activos por 5.860 pesos, en 2015 ese monto ascendía casi a 300 mil pesos, sin que sus ingresos oficiales justifiquen tal incremento.

Además, durante ese período adquirió varias propiedades en Río Gallegos y El Calafate, provincia de Santa Cruz.

En su defensa, los abogados de Álvarez sostienen que todos los movimientos patrimoniales están respaldados por documentación y que los aportes a su campaña municipal de 2011 fueron individuales y permitidos por la normativa vigente en ese año.

Niegan cualquier vínculo directo con Lázaro Báez o Austral Construcciones y aseguran que las acusaciones no tienen sustento probatorio sólido.

Tras la detención, Álvarez permaneció alojado en una dependencia de la Policía Federal de Río Gallegos bajo custodia permanente.

Tras su detención, Álvarez fue trasladado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadio, quien condujo la causa hasta su fallecimiento en febrero de 2020.

En esa instancia, el magistrado evaluó la posibilidad de dictar prisión preventiva, medida que alcanzó a varios imputados del expediente, entre ellos ex ministros, empresarios y otros ex secretarios presidenciales.

La causa de los cuadernos de las coimas marcó un punto de inflexión en las investigaciones sobre corrupción en el país y colocó en el centro del debate público el rol de funcionarios de segundo y tercer nivel que operaban en la sombra del poder, como fue el caso de Daniel Álvarez.

Su cercanía con la familia Kirchner y su supuesto rol como intermediario en la recaudación ilegal continúan bajo análisis judicial.

El caso de Daniel Álvarez se perfila como uno de los más simbólicos, dada su cercanía histórica a la familia Kirchner y su papel en la organización interna del poder durante más de una década.