Para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la medida del Gobierno nacional busca presionar a los clubes (entidades sin fines de lucro) para habilitar el ingreso de SAD (Sociedades Anónimas Deportivas).

En tanto, River Plate, uno de los clubes más emblemáticos del país, salió al cruce con un comunicado contundente, calificando la iniciativa como “confiscatoria” y alertando sobre sus devastadoras consecuencias económicas e institucionales.

La medida actualiza las alícuotas establecidas por el Decreto 510/2023, que grava ingresos clave de los clubes, como transferencias de jugadores, derechos televisivos, patrocinios y venta de entradas. A partir del 1 de agosto, la retención pasará de un 7,5 por ciento a un 18,62 durante un año (13,06 por ciento permanente más un 5,56 transitorio).

Este aumento, según el club dirigido por Jorge Pablo Brito, no solo es desproporcionado, sino que pone en jaque la sostenibilidad financiera de las instituciones deportivas, que ya operan en un contexto económico asfixiante.

River, una de las principales fábricas de talento futbolístico de Argentina, destacó en su comunicado el impacto de esta medida en su modelo de desarrollo.

Entre 2022 y 2025, el club generó más de 106 millones de dólares en transferencias internacionales, posicionando la marca Argentina en el mundo y aportando divisas esenciales al país.

Sin embargo, la nueva alícuota amenaza con mermar significativamente estos ingresos.

Según estimaciones del club, de aplicarse retroactivamente entre septiembre de 2023 y junio de 2025, la pérdida neta ascendería a 16.820 millones de pesos, una cifra que podría paralizar proyectos clave como el nuevo Colegio River Plate, financiado íntegramente por los socios sin apoyo estatal.

La crítica de la institución de Nuñez no se limita al impacto económico. El club denunció la falta de diálogo por parte del gobierno de Milei, que parece ignorar los espacios de concertación previos.

El Decreto 939/24 había creado un comité con representantes de la AFA, los clubes y el Gobierno para discutir modificaciones al régimen tributario.

Tras varias reuniones, se elaboró una propuesta consensuada que fue elevada al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, pero la Disposición 16/2025 la desestimó por completo.

Esta decisión unilateral, según River, “contradice el espíritu de construcción colectiva” y evidencia una vez más la falta de consideración del gobierno hacia las instituciones que sostienen el deporte argentino.

El aumento de las alícuotas no es un hecho aislado, sino parte de una política económica que prioriza el ajuste fiscal por encima de cualquier otra consideración.

Los clubes, que ya enfrentaron en el primer semestre de 2025 un aporte superior al previsto (7.855 millones de pesos en lugar de 5.858 millones), ven esta nueva medida como una penalización al esfuerzo genuino.

En un país donde el fútbol no solo es pasión, sino también un motor económico y social, el gobierno de Milei parece decidido a asfixiar a las instituciones que lo sostienen, sin medir las consecuencias.

La gestión del prescindente, caracterizada por su desprecio hacia el rol del Estado en el apoyo a sectores clave, ignora que clubes como River no solo forman deportistas de élite, sino que también cumplen funciones sociales esenciales.

Proyectos educativos, formativos y comunitarios, que no reciben un peso del oficialismo, están ahora en riesgo por una política que parece diseñada para exprimir hasta el último centavo de quienes generan riqueza y prestigio para el país.

El "Millo", en su comunicado, reafirmó su compromiso con las normativas vigentes y su participación en el diálogo por políticas públicas deportivas.

Pero la unilateralidad de esta medida pone en evidencia un gobierno que, lejos de fomentar el desarrollo, castiga a quienes lo hacen posible.

El fútbol argentino, símbolo de identidad y orgullo nacional, merece algo más que un ajuste ciego que amenaza con desmantelar sus cimientos.